Por Gabriela Xelano @Fitoles
Un año después y tras la denuncia pública –en dos ocasiones– de una presunta violación al derecho humano del trabajo de una familia de discapacitados, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) dictaminó que no hubo violación a sus derechos.
Lo anterior, luego de que ayer martes, la candidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco, acusara a Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad y la CDH de actuar en el caso de María Leticia Ramírez Castelán, José Pulido Ramírez y Aisha Xamil Pulido Ramírez, familia que denunció discriminación, de una manera “insensible, violando los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
En un comunicado, publicado este jueves, la dependencia asegura que tras analizar y actuar con estricto apego a derecho, se determinó que la queja 3530/2015 presentada por la presunta violación al derecho humano del trabajo por parte de personal adscrito al Órgano Público Descentralizado Convenciones y Parques del Estado de Puebla, “no contó con elementos suficientes para acreditar violaciones”.
Precisan que tras solicitar información al respecto de los hechos –la cual fue enviada a 17 de julio y el 5 de noviembre de 2015—y tras presentar un testimonial, que se desahogó el 15 de diciembre, se concluyó que el organismo no estaba obligado a darles un espacio de manera gratuita pues se creó con la finalidad de generar recursos para lograr su propio autofinanciamiento.
Apunta que aunque los afectados aseguraran que se vulneraba su derecho al trabajo en términos de igualdad de oportunidades y equidad por no concederles un espacio en la Feria de Puebla 2015, para la venta de papiroflexia, artesanías y dulces, a título gratuito, esta no era obligatoria ya que “a través de los años, ha sido organizada por entidades con naturaleza jurídica diferente, quienes han sido regulados también a través de una normativa diferente”.
Su objetivo es autofinanciarse
Finalmente precisa que el objeto del Centro de Convenciones y Parques es “establecer la organización y operación así como la promoción, realización y facilitación en el uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que le estén asignados” (…) siempre que procuren el autofinanciamiento del organismo y sean autorizados por su órgano de gobierno”, por lo que de ninguna manera pueden considerarse actos de autoridad en términos del derecho administrativo, por lo que no se podrían autorizar las exenciones de tarifas que solicitaron.
Cabe recordar que el pasado 27 de abril, integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) fueron los primeros en denunciar el presunto abuso del que fueron víctimas la familia, a quienes durante ocho años se les subsidio un stand en la Feria de Puebla.
Foto: Especial
