Por Diana Juárez
El caso de Juan Carlos Flores Solís, defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios en Puebla y quien estuvo preso nueve meses, es uno de los ocho en América Latina que fue “indebidamente criminalizado.
Así lo indicó el informe “Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”, elaborado por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
El juicio del portavoz del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala Flores Solís es el único que la organización cita en México.
Desde el 2006 –dice el texto– se ha opuesto a la construcción del megaproyecto de energía Proyecto Integral Morelos (PIM) liderado por las empresas españolas e italianas Abengoa, Elecnor Anagas y Bonatti, en el referido estado así como en Puebla y Tlaxcala.
El proyecto es criticado por violar el derecho de las comunidades locales a participar en los procesos de decisión sobre el plan de desarrollo y el derecho a ser consultados debido a que su implementación podría afectar sus derechos a la vida, la salud y el agua.
Detenido arbitrariamente, asegura
El documento narra cómo Flores Solís fue detenido el 7 de abril de 2014 “arbitrariamente” por 12 hombres vestidos de civil –posteriormente identificados como Policías Ministeriales de la Procuraduría de Puebla— tras interponer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH del estado por la detención de otra defensora, Enedina Rosas Vélez.
“La detención respondió a una orden de aprehensión girada en su contra por ‘su probable participación’ en cuatro ilícitos previstos en el Código Penal de Puebla, a saber, ‘despojo’, ‘motín’, ‘ataques a obras hidráulicas’ y ‘extorsión’, por los hechos ocurridos durante una protesta el 3 abril de 2012, en Santa María Acuexcomac, en el municipio de San Pedro Cholula; sin embargo, varios testigos que estuvieron con Flores Solís el 3 de abril, así como personas que estuvieron presentes durante la protesta, declararon que el defensor no participó en la misma.
No obstante, señala el informe, se le dictó una orden de detención preventiva en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, pero gracias a las movilizaciones ciudadanas salió el 23 de enero de 2015.
Los otros siete casos que se documentaron son de los países de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.
Foto: EsImagen
