Por Diana Juárez
A un año de que el periodista Moisés Sánchez Cerezo fue sustraído en Medellín, Veracruz, por seis sujetos armados –quienes están prófugos– para luego ser ultimado, el caso sigue impune, pues ninguno de los supuestos responsables ha sido procesado.
Así lo señaló Artículo 19, que afirmó que la muerte del veracruzano obedeció a circunstancias que apuntan a su profesión, en el que denunciaba los casos de crímenes en la zona.
“Hasta la fecha no han sido garantizadas verdad, justicia y reparación para su familia”, aseveró la organización.
En un recuento de los hechos, Artículo 19 narra que Sánchez Cerezo fue secuestrado de su domicilio en El Tejar, municipio de Medellín de Bravo, en presencia de su familia.
Desde los primeros días –afirmó– el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, trató de “desacreditar” el ejercicio periodístico de Moisés como móvil del crimen, toda vez que el mandatario se refería al comunicador como “un taxista”.
Todos los posibles implicados obtienen amparos
Luego, Luis Ángel Bravo, entonces procurador General de Justicia (PGJ) –ahora Fiscalía– tomó declaraciones a 78 funcionarios públicos del ayuntamiento referido; arraigó a 13 de los policías municipales; presentó públicamente a Clemente Noé Rodríguez Martínez como homicida confeso una vez que fue encontrado el cuerpo del periodista y señaló públicamente al alcalde Omar Cruz Reyes, derivado de la propia confesión de Rodríguez Martínez, indicó.
Posteriormente, “con total falta de sigilo”, anunció que ejercería acción penal contra el edil previa solicitud de desafuero al Congreso local; sin embargo –acotó la organización– el 17 de noviembre, Cruz Reyes obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión emitida por su presunta participación en la desaparición y posterior homicidio de Moisés Sánchez Cerezo.
Anteriormente, 4 de noviembre, Martín López Meneses, quien fuera escolta del mismo exedil y también subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo (acusado de ordenar, a petición del ex alcalde, la desaparición y homicidio del periodista) también obtuvo un amparo con el que recobró su libertad, al ser procesado en prisión preventiva.
Para Artículo 19, la obtención de amparos a favor de los supuestos implicados apunta a la falta de sustento probatorio.
Fiscalía especial no atrae caso
En tanto, agregó, La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió su propia indagatoria desde el 7 de enero de 2015, pero se ha negado a ejercer su facultad de atracción.
“Desde una perspectiva contraria a derechos humanos y bajo una comprensión limitada del periodismo, se ha desacreditado la labor informativa de Moisés Sánchez como móvil del delito. Tanto en el fuero común como en el federal graves omisiones afectan las investigaciones, como la pérdida de elementos de prueba fundamentales como videos de cámaras de C4 ubicadas en el trayecto de los perpetradores; y la falta de identificación pronta del resto de los autores”.
La organización acusó duplicidad de actuaciones en ambas Fiscalías, lo que ha obstaculizado una investigación que debe ser objetiva, con el fin de conocer la verdad de los hechos y someter a procesos penales a todos los actores involucrados en la desaparición y homicidio de Sánchez Cerezo.
Reiteró que, hasta la fecha, al menos seis personas involucradas en los hechos continúan sin ser identificadas por las autoridades ministeriales, encontrándose prófugas de la justicia; además, cercioró, las comisiones nacional y estatal de Derechos humanos han tenido un papel “pasivo” en las violaciones de las garantías individuales de la familiar del fallecido.
De este modo, acusó que autoridades estatales y federales no han intervenido para esclarecer los hechos ni procesado a los responsables.
Cabe mencionar que en el reporte anual de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, Veracruz y Oaxaca son los estados de México más peligrosos para ejercer periodismo.
Foto:Especial
