Por Redacción
Ciudadanos y varias ONG buscarán que la iniciativa “Ley 3de3” entre en el país, para que servidores públicos estén obligados a dar a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal; el primer paso será reunir 120 mil firmas.
Este martes, Max Kaiser, director del área de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que esta iniciativa lleva por nombre Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La misma es una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo de 2016.
En la legislación se establece que se dé seguimiento a las auditorías de información que proporcionen funcionarios públicos; en caso de que se detecten irregularidades, como un incremento injustificado en el patrimonio, las autoridades darán aviso al Ministerio Público, donde serán investigados.
Además, se crearía una “lista negra de corruptos” llamada Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (Rnsps).
Gobiernos federal, estatal y municipal estrían “bajo lupa”
Al ser una ley general, aplicará para los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
Para que esta propuesta sea realidad, deberán recaudar 120 mil signas, las cuales serán presentadas ante el Congreso de la Unión, que deberá discutir y decidir si se aprueba la iniciativa ciudadana.
Entre las organizaciones civiles que impulsan la propuesta son el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), México Evalúa, Causa en Común y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Cabe mencionar que “3de3” nació en las elecciones de 2015, cuando se creó una plataforma para que los candidatos a diputados federales, ediles y gobernadores hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales.
Editado por: Joselyn Furlong
Fuentes: Animal Político y Excélsior
Foto: Especial
