A un año del asesinato del periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera y tres personas más en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de Mèrxico, Artículo 19 denunció que no se ha avanzado en la resolución del caso.
Acusó “falta de voluntad” por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México para agotar líneas de investigación y que la averiguación previa se mantiene abierta gracias a los recursos legales otorgados por la coadyuvancia.
Asimismo, la organización insistió en que existen indicios de la posible participación de más personas en los hechos, además de que faltan numerosas diligencias que la dependencia ha omitido de manera “negligente”.
Mediante un comunicado de prensa, la organización condenó que la administración del perredista Miguel Ángel Mancera no haya cumplido con los acuerdos que sostuvo con Artículo 19 durante una reunión para informar los avances en las investigaciones en el pasado mes de mayo.
Mancera no cumple acuerdos
Entre los acuerdos -señaló la asociación- el jefe de gobierno de la CDMX se comprometió a realizar un plan de investigación, esclarecer el móvil de los homicidios e integrar a la investigación especialistas de la procuraduría en materia de libertad de expresión, violencia contra mujeres y personas defensoras de derechos humanos, pero “hasta el momento no se han satisfecho los puntos convenidos”.
En el pronunciamiento publicado este domingo, la asociación defensora de derechos de periodistas denunció que al solicitar información al agente del Ministerio Público encargado de la investigación, en ocasiones han tenido respuestas limitadas y abierto rechazo en otras.
También culparon a PGJ de filtrar a la prensa información sensible, del “juicio mediático” que esto acarreó, asì como de “intencionalidad clara de criminalizar y estigamtizar a la víctimas”.
Además de Artículo 19, firmaron el pronunciamiento la Clínica de interés público y trata de personas del ITAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes concluyeron que “los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral que le asisten constitucional y legalmente a las víctimas, no han sido garantizados”.
