Por Redacción
Este miércoles, el expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, fue nombrado al frente de la Casa Civil en el gobierno de Dilma Rousseff, luego de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el caso de Petrobras.
Funcionarios del Partido de los Trabajadores dijeron que el nombramiento le ayudará a Rousseff a luchar contra un juicio político en un caso que no está relacionado con el escándalo de corrupción en la estatal petrolera.
La oposición ya anunció su inconformidad por la designación, dijo que es una estrategia para evitar que su padrino político sea juzgado y calificó de “ataque al Estado democrático de Derecho”.
María Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, dos veces candidata a las elecciones de Brasil, afirmó que la nominación supone un “cambio de sistema político sin pasar por la Constitución” (…) y advirtió que “puede llevar al descrédito de las instituciones”.
La situación política de Brasil
El exjefe de Estado fue llevado forzosamente a declarar ante las autoridades el pasado 4 de marzo luego de que su residencia fue allanada por funcionarios de seguridad.
De igual forma, la Fiscalía del estado solicitó la medida de prisión preventiva, acción que fue rechazada en varias movilizaciones por militantes del Partido de los Trabajadores (PT) y seguidores de la presidenta Dilma Rousseff.
Esto luego de que el exmandatario brasileño manifestó su deseo de volver a la presidencia para el 2018, y aseguró que la campaña de descrédito que pesa en su contra lo anima a seguir adelante en la vida política, en un momento en que pensaba retirarse y descansar.
Cabe señalar que durante su gobierno se implementaron políticas sociales que sacaron de la pobreza a más de 28 millones de personas, además de que aumentó el salario mínimo en un 62 por ciento, redujo a un 73 por ciento la desnutrición y en un 45 por ciento la mortalidad infantil.
Foto: Runrun
Fuentes: El Mundo y Telesur
Editado por Jorge Arturo Santamaría Colula
