Juan Pablo Piña, promoción anticipada con miras al 2018
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que al diputado federal Juan Pablo Piña Kurczyn ya le vendieron la idea de que puede ser gobernador, senador de la República o, ya de a perdis, presidente municipal de Puebla, lo que explica la amplia difusión que por toda la capital del estado dio a su primer informe de actividades legislativas, violando incluso el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe).
Lo que no sabe es que en realidad pretenden usarlo para encubrir a la verdadera carta fuerte del morenovallato para el 2018: a la esposa del gobernador saliente y actual secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Otra cosa que seguramente también ignora y en la que debería ponerse a trabajar a marchas forzadas es la desconfianza que genera entre la membresía del PAN, no sólo por sus antecedentes como militante priísta, sino como vástago de uno de los gobernadores más impopulares de Puebla, Mariano Piña Olaya.
Piña Kurczyn es un político apreciado por el gobernador saliente, que lo nombró secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública al comienzo de su sexenio, durante un año cinco meses, y luego lo regresó al gabinete creándole la Oficina de la Gubernatura, para más tarde hacerlo diputado federal por el distrito de Teziutlán, en la Sierra Nororiental de Puebla.
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Esparza ya tiene fecha de arranque para la reelección
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que faltan 41 días para el martes 4 de octubre pero el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, ya valora el contenido del mensaje que emitirá durante la celebración de su tercer informe de actividades.
A diferencia de las dos primeras exposiciones, la de octubre próximo tendrá especial relevancia porque marcará el comienzo del proceso de reelección en la universidad, que culminará un año después con el encumbramiento de Esparza Ortiz para un segundo y último periodo de gestión.
En efecto, aunque evite reconocerlo en público, el rector ha comenzado a planear los detalles de su reelección y ha definido el 4 de octubre, día establecido para el informe de labores en la universidad, como la fecha de inicio para la puesta en marcha de sus estrategias políticas.
Ahí radica la importancia del discurso que pronunciará en el tercer informe.
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Imposible tapar el sol con un dedo
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que la innovadora estrategia morenovallista para mejorar los índices en materia de seguridad del estado y con ello fortalecer las aspiraciones presidenciales del Señor de los Cerros, se estrella con la triste realidad.
Por más que traten de tapar el sol con un dedo, la inseguridad en Puebla rebasó al gobierno.
Para muestra, un botón.
De acuerdo con la organización social Semáforo Delictivo, de los 8 indicadores de inseguridad que mide mensualmente, Puebla reprobó 5 en julio, en el mes anterior —junio— la entidad solo había reprobado tres.
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Acosador en el caso Chalchihuapan fue quien agredió a Fernández Noroña
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlátlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la agresión que Gerardo Fernández Noroña sufrió en las oficinas de Casa Aguayo no es algo menor, ya que el responsable del presunto despojo de un teléfono celular que sufrió el activista lo cometió Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien es el autor del acoso, persecución y amenazas que sufrieron pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, la comunidad que se volvió emblema de la represión morenovallista. Entre las victimas de este personaje se encuentra Elia Tamayo, la madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió en los hechos violentos de esa población.
Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien es subsecretario de Gobierno, reúne todos los vicios acontecidos en el morenovallismo: es un personaje que no es de Puebla, que desconoce la realidad del estado, que tiene un pasado obscuro por cometer anomalías en el gobierno federal –en donde fue inhabilitado y le impusieron sanciones económicas– y es irascible, intolerante y poco afecto al dialogo.
Su único mérito es ser parte del grupo político de Luis Maldonado Venegas, quien lo trajo a Puebla, primero como asesor de la Secretaría de Educación Pública y luego lo colocó en la Secretaría General de Gobierno, donde se encargó de ser uno de los autores del intento de distorsionar la verdad histórica de la represión en Chalchihuapan.
Elia Tamayo ha logrado identificar que la noche del 9 de julio de 2014, el día en que la Policía Estatal reprimió a los pobladores de Chalchihuapan, fue Cornejo Alatorre quien se comunicó con ella para intentarla persuadir de que diera la versión de que el niño de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo había muerto por el impacto de un cohetón lanzado por pobladores de esa comunidad que protestaban en la Vía Atlixcáyotl por el retiro del registro civil.
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Sigue el viacrucis para los defraudados por Bampeco
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que tres años, cinco meses y 15 muertos después, los miles de ahorradores defraudados por Bampeco siguen en espera de una firma para poder integrarse a un convenio con FIPAGO, que les permita recuperar parte de su patrimonio.
Desde el 28 de julio pasado, el formato se encuentra en poder de funcionarios del gobierno del estado y lo único que hace falta para su concreción es simple y llana voluntad.
En diciembre de 2015 se llevó a cabo la licitación para la auditoría, la cual se terminó en abril, mes en el que el representante del gobierno poblano ante FIPAGO envió los resultados a las oficinas de esta institución federal para su revisión.
Sin embrago, errores cometidos por el despacho ganador de la licitación, convirtieron un fácil trámite de 15 días en un tortuoso periplo de 3 meses y medio.
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Freno en seco a la luna de miel en la transición RMV-Gali
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, indica que la decisión de Rafael Moreno Valle de patear al próximo gobierno de Antonio Gali el alza a la tarifa del transporte público puede alterar el curso de lo que era una luna de miel en la transición. Se trata, en esencia, de una ruptura al pacto no escrito entre gobernador entrante y saliente para asumir el costo político de una medida altamente impopular.
Ese pacto no escrito se cumplió de Manuel Bartlett a Melquiades Morales; luego, Melquiades devolvió el favor al finalizar su sexenio para que no cargara Marín con el costo, y éste, el 1 de enero de 2011 aprobó el aumento a la tarifa como parte de su paquete de salida con Moreno Valle.
Pero ahora el saliente le dijo no al entrante. Ayer, Moreno Valle afirmó que en su sexenio no tiene pensando autorizar el incremento que piden a gritos los concesionarios del transporte luego de los alza a sus insumos, incluido el gasolinazo aplicado en julio y agosto. La situación se va a agravar porque se adelantó a 2017 la liberalización de precios de gasolinas, y aunque ahora el petróleo está barato, nadie puede predecir cómo avanzar el costo de los combustibles.
Medida impopular, pero el incremento a la tarifa del transporte es inevitable y tiene que darse para pasar de 6 a 8 pesos o 7.50, y el del RUTA va a pasar de 7.50 a 8.50 cuando menos. Esa medida va a generar un descontento natural que va a ser capitalizado por los opositores al morenovallismo.
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La Banda de los Plagiarios Poblanos
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, señala que si todos los plagiarios tuvieran que renunciar, este país se quedaría sin académicos y periodistas.
Los plagiarios son como los asesinos seriales: roban una y otra vez sin descanso, y cuando son descubiertos y exhibidos recaen, sin el menor rubor, en ese penoso arte de apropiarse de ideas y redacciones ajenas.
Son, en esencia, como la delincuencia organizada: cuentan con el apoyo de sus cárteles y del gobierno.
Quienes minimizan los plagios intelectuales no saben lo que hacen.
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