El día miércoles 7 de diciembre, a eso de la 1 de la tarde, la Policía Estatal de Puebla detuvo con lujo de violencia al joven artista Alejandro Pérez Martínez, estudiante del tercer año de la licenciatura en expresión artística en el Instituto de Artes Macuilxóchitl e integrante de los grupos nacionales culturales del Movimiento Antorchista, el cual se encontraba realizando una colecta pública, actividad económica con la que la mayoría de estos jóvenes se ayuda para sacar adelante sus estudios universitarios.

Como si se tratara de un peligroso delincuente, Pérez Martínez fue esposado, golpeado, insultado y presentado ante el juez calificador, quien de inmediato le imputó el delito de “explotación de la vía pública” que, según el juez, prohíbe pedir dinero o comerciar en las calles de la ciudad de Puebla, salvo que el ayuntamiento otorgue un permiso especial para ello.

Así, y con el “agravante” de que se trataba de un “asunto político”, el juez fijó la pena máxima estipulada en el “bando de policía y buen gobierno” del ayuntamiento que implica una multa de 100 días de salario mínimo para ser liberado. Sus compañeros artistas, en un acto de fraternidad, de inmediato se movilizaron, en la calle y en las redes sociales, y lograron la liberación Alejandro Pérez Martínez, pasadas las 8 de la noche.

La detención del joven artista es trascendente, en primer lugar, porque el reglamento que prohíbe la supuesta “explotación de la vía pública” es un eslabón más de una cadena de atropellos contra los pobres en la ciudad que gobierna el panista Luis Banck Serrato.

 En segundo lugar porque es la cara legaloide para prohibir, también, el comercio ambulante que, como todo mundo sabe, el ayuntamiento desalojó, por órdenes del secretario de Gobernación municipal, Juan Carlos Morales Páez, artera y alevosamente del Centro Histórico durante los últimos días de noviembre, usando para ello a las fuerzas policíacas que, desde entonces, se han apoderado de las calles.

Decía en un artículo anterior que, para la mayoría de los políticos mexicanos, resolver los problemas superficialmente, sin combatir sus causas más profundas, se ha convertido en la forma de ejercer el poder.

Y decía que esto tiene una explicación: la clase económica a la que responden se ve impedida para solucionar de fondo las contradicciones sociales generadas por su propio modelo económico. Por ello, cometen la pueril idiotez de combatir al desempleo y la pobreza con la policía y reglamentos draconianos.

Como todo mundo sabe, Puebla es uno de los cuatro estados más pobres del país y el número de personas que vive en situación de pobreza se ha incrementado de 61.5 por ciento de la población en 2010 a 66.4 por ciento en 2016; vamos, pues, como los cangrejos.

Además, a inicio de este año, el propio Luis Banck reconoció que la desigualdad en Puebla es “inaceptable”, lo que nos coloca como la entidad más desigual de todo el país. Por ejemplo, según Diego Castañeda, economista por la Universidad de Londres, el ingreso del 1 por ciento más rico del estado es 158 veces superior al del 10 por ciento más pobre.

Herberto Rodríguez, vicerrector de Investigación y Posgrados de la UPAEP, coincide con el alcalde Banck en que la desigualdad en Puebla es un problema grave: “la desigualdad crece porque los pobres se vuelven más pobres o se estancan, pero también porque hay gente que le va muy bien”.Naturalmente, la pobreza y la desigualdad de las mayorías tienen una explicación: el desempleo y los malos salarios.

En mayo de este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social afirmó que Puebla es de los cuatro estados en donde la población gana los peores salarios, pues el promedio de ingresos de los trabajadores fue de 4 mil 500 pesos mensuales, pero aún hay más: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo sostiene que el 63 por ciento de los poblanos gana entre uno y tres salarios mínimos al día y la cosa se agrava porque en el estado existen 400 mil personas que trabajan y no reciben remuneración.

El referido estudio de la Secretaría del Trabajo sostiene que en Puebla, el 73.3 por ciento de la población económicamente activa “laboró en la informalidad”.

La ciudad capital, epicentro de toda la actividad económica del estado, no puede ser ajena a esta realidad brutal. Y la prueba más contundente es que la ciudad que gobierna Luis Banck sigue siendo la fábrica de pobres más exitosa del país.

Pese a lo anterior, a todos los agravios del gobierno y empresarios contra el pueblo humilde, el ayuntamiento le sumó, por si hiciera falta, leyes para excluir a los ambulantes (desempleados que venden palomitas, chicharrones o cualquier baratija para tener un ingreso a falta de un trabajo) del Centro Histórico y para multarlos en caso de que intenten vender sin autorización, porque aquí, en Puebla, el sistema de libre mercado sólo es válido para los señores empresarios o para los “auténticos ciudadanos”, como los llamó un tonto columnista.

Y en realidad me parece que nos hallamos ante un fenómeno social que la humanidad ya conoce. En efecto, en los albores del sistema capitalista, las leyes para reprimir el desempleo (vagabundeo, le llamaban) llevaron a la cárcel o a la horca a muchos ciudadanos, a pesar de que el desempleo es un efecto sine qua non del modelo de libre mercado.

Repasemos algunas de ellas. El rey Jacobo I impuso en Inglaterra una ley que decía: “Todo el que no tenga empleo fijo y se dedique a mendigar es declarado vagabundo. Los jueces de paz quedan autorizados a mandarlos a azotar en público y a recluirlos en la cárcel, a la primera vez que se les sorprenda por seis meses (…) Los vagabundos peligrosos e incorregibles serán marcados con fuego y si se les sorprende nuevamente mendigando serán ahorcados sin misericordia”.

Como se ve, al rey Jacobo I le parecía un derecho de las clases pudientes la persecución a sangre y fuego de los desempleados harapientos que afean las ciudades, tal como hoy lo hace el ayuntamiento poblano para “dignificar” el Centro Histórico con programas como el “Centro vivo” que es apoyado por las cámaras empresariales.

John Locke, uno de los padres de la doctrina liberal en que se parapeta la burguesía actual y para quien los pobres eran “un área infectada de la sociedad”, escribió: “Los mendigos tienen la obligación de llevar un distintivo obligatorio; para vigilarlos e impedir que puedan ejercer sus actividades fuera del área y el horario permitidos, habrá un cuerpo especial, los canicularios (perreros) de los mendigos”.

Así, nuestro paladín de la democracia moderna pensaba que la fealdad de la pobreza, esa “infección social”, debía ser separada, como la basura, de los “auténticos ciudadanos” por un cuerpo especial de represión, tarea que hoy el ayuntamiento le ha dado a la policía municipal.

No muy lejos de esta forma de pensar, J. Bentham se avienta la puntada de llamar a los desempleados el “residuo de la población” y lanza, para diferenciarlos bien de las clases acomodadas, la famosa consigna: “Los soldados llevan uniforme, ¿por qué no deberían llevarlo los pobres?”.

Este breve repaso del pensamiento de los adalides de la libertad y la democracia nos demuestra, con suficiente claridad para quienes no sean unos asnos políticos, que el combate a la pobreza mediante el uso de la violencia legalizada, policiaca o de cualquier otro tipo, es absolutamente infructuoso, porque no sólo no ataca la raíz del problema, sino que, además, le echa leña al fuego de otro problema social que ya está bastante crecidito: el descontento social y la ira popular.

Por tanto, reglamentar las zonas por las que la pobreza se puede pasear, excluir a los comerciantes manu militari del Centro Histórico y perseguir a los “vagabundos” como se persigue al crimen es cometer un suicidio.

Recuerden la famosa Ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto y de igual magnitud. Ustedes sabrán cuándo le paran. Yo, una vez más, solamente lo advierto.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.