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En Puebla, hechos violatorios humanos a la alza; concentra la 5ª tasa más alta. Foto: Especial

Entre 2014 y 2015, en Puebla la tasa de hechos violatorios humanos denunciados ante organismos públicos pasó de 144 a 153 casos por cada cien mil habitantes, además de que el año pasado la entidad se ubicó en el quinto lugar con más acusaciones.

Lo anterior de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que compartió datos a propósito del Día de los Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre.

En 2015, los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) estatales y nacional, recibieron quejas por 158 mil 889 presuntas vejaciones.

En el año referido, 56 mil 364 (35.4 por ciento) transgresiones afectaron el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, convirtiéndolo en el derecho humano más vulnerado.

Jalisco y Tabasco, con más denuncias

Las tasas más altas se registraron en Jalisco (479), Tabasco (313) y Ciudad de México (253), Quinta Roo (158) y Puebla.

En contraparte, las entidades que presentaron los menores porcentajes fueron Veracruz, con 16 hechos por cada cien mil y Querétaro, con 13.

Tamaulipas fue el único estado que no cuenta con información en el tema correspondiente a 2015, aunque en 2014 la cifra fue de 55.

Entre las entidades en las que aumentó la tasa de violaciones denunciadas sobresalen los casos de Tabasco, Jalisco, Quintana Roo y Chiapas.

Mientras que los estados en los que disminuyó, destacan los casos de Baja California Sur al pasar de 253 a 109, Baja California de 142 a 55, Colima de 143 a 118 y Querétaro de 41 a 16.

25% de quejas contra a funcionarios

En 25 por ciento de las quejas que se denunciaron se responsabilizó a funcionarios de los ayuntamientos y 17 por ciento se atribuyeron a personal de instituciones de procuración de justicia, siendo ambas las que más señalamientos registraron.

Además se evidenciaron mil 985 casos de tortura y 11 mil 504 tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por su parte, los OPDH generaron 18 mil 460 son las medidas y acciones con el fin de proteger y defender los derechos humanos; la mitad de ellas fueron solicitudes de medidas precautorias o cautelares.

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