Tras una larga discusión en tribuna, con 12 votos en contra y una abstención, el Congreso de Puebla avaló la enajenación de la Plaza de Toros “El Relicario”; ante reclamos de MC pidieron al Ejecutivo que recursos se destinen a desarrollo social.
Los votos en contra fueron de Socorro Quezada Tiempo, del PRD; Geraldine González Cervantes, del PVEM; Lizeth Sánchez García, del PT; Julián Peña Hidalgo, de MC; así como de los ocho diputados que conforman la bancada priista; mientras que el petista Mariano Hernández Reyes votó en abstención sobre la enajenación de la fracción de 8 mil 867 metros cuadrados.
Peña Hidalgo subió a tribuna para acusar la “opacidad” del Congreso de Puebla respecto a los dictámenes de enajenación enviadas por el gobierno estatal; “me parece que es escueto e incompleto, pues no señala por qué se desincorporan del dominio público, para qué es la venta, en qué se va a gastar ese recurso”, además criticó que son avaladas en un tiempo mínimo sin que sean estudiadas.
Al indicar que fue excluido de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que se realizó este martes “sin ninguna razón ni fundamento jurídico me pidieron que abandonara la sala, ni siquiera el presidente de la junta de gobierno (Jorge Aguilar Chedraui) tuvo la valentía de pedírmelo de manera directa, mandó a alguien más”, por lo que consideró que la aprobación del dictamen “levanta sospechas”.
Lo anterior provocó que el presidente del Congreso local, Aguilar Chedraui, le contestara en tribuna: “parece que sigue sin entender cómo funciona el Congreso, parece que sabe todo y realmente no sabe nada”.
Refutó que los ocho coordinadores de bancada coincidían en que Peña Hidalgo no podía estar en la reunión, pues recordó que ni siquiera su grupo parlamentario integrado por dos diputados han llegado a un acuerdo político y siguió diciendo que “tal pareciera que es dueño de la razón y la verdad, no lo es diputado, ayer habíamos ocho personas y usted, el único que cree que tiene la razón es usted”.
Peña Hidalgo volvió a hacer uso de la palabra al rechazar ser “el dueño de la razón”, no obstante dijo tener una “duda razonable” por lo que seguirá señalando lo que “está mal” en el Legislativo, el cual que criticó sólo ha hecho las cosas para que “nos vaya bien a nosotros” y no a la sociedad.
Se consolidaría un clúster de eventos
El diputado del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, intervino en la discusión para destacar que el Congreso local sólo está facultado para autorizar al gobierno estatal la eventual enajenación de activos del estado.
Defendió que varias enajenaciones han servido para regularizar predios que por “irresponsabilidad” de legislaturas anteriores han estado en “desorden”.
Admitió que los legisladores desconocen para qué sería utilizado el recurso obtenido de la venta de “El Relicario”, pero sí saben que mantenerlo resulta “oneroso para el gobierno del estado y es más conveniente que se pueda enajenar”.
Consideró que es más viable que en el predio ubicado en la zona de Los Fuertes, se consolide un clúster para reuniones y convenciones sociales, similares a las que se han desarrollado; tras destacar que el procedimiento ha sido en apego a la ley, refirió que “si alguien tiene una duda razonable puede votar en contra o en abstención”.
Emiten exhorto a RMV
Rodríguez Regordosa recordó que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal generó un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno estatal para que los recursos obtenidos de las enajenaciones sean destinados al sector de desarrollo social.
También tomó la palabra el coordinador del PVEM, Juan Carlos Natale López, quien aseguró que su partido está a favor de la desincorporación de los bienes públicos y de que la plaza de toros “deje de existir, aparte de que al estado le cuesta dinero y es oneroso, es un lugar innecesario”.
Tras las acusaciones del diputado emanado de Movimiento Ciudadano, de quien Aguilar Chedraui insistió en que “no conoce o entiende los dictámenes”, pero pidió se incluyera en los asuntos generales el exhorto al Ejecutivo para que los ingresos obtenidos derivados de las enajenaciones se destinen preferentemente a los sectores de educación y salud.
Así como a efectuar acciones, obras, programas y servicios públicos encaminados a lograr el beneficio social de la población, el cual fue aprobado en el pleno.
