Para no ser “responsables” de que el ayuntamiento de San Martín Texmelucan caiga en algún tipo de desacato, el Congreso del Puebla analiza aprobar que el municipio contrate una línea de crédito por mil 7 millones de pesos, por hasta 30 años.
Así lo informó el presidente de la Comisión de Presupuesto del Legislativo, Ignacio Mier Bañuelos, quien subrayó que la comisión analiza aprobar dicha solicitud.
Y es que, el 7 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió a la comuna texmeluquense cumplir con el pago de más de 600 millones de pesos —que con actualizaciones asciende a más de mil siete millones de pesos– a los dueños del predio que actualmente se usa para tianguis, luego de que sus abogados perdieran un litigio que duró 21 años ante los propietarios de las 18.5 hectáreas de terreno.
Por ello, el edil Rafael Núñez Ramírez solicitó se le permita al ayuntamiento adquirir un endeudamiento por mil 7 millones de pesos, o bien, una ampliación presupuestal de mil 500 millones de pesos en 2017, ambas opciones significan cuatro y cinco veces más los 284 millones 236 mil pesos que recibió el ayuntamiento de presupuesto este 2016.
Legisladores deben facilitar opción
Aunque Mier Bañuelos consideró que es una deuda “impagable” dijo que los legisladores “no queremos ser cooperadores con este desacato judicial”, sino al contrario, “tenemos que ser facilitadores” para lograr los acuerdos que puedan dar cumplimiento a una sentencia dictada por el tribunal colegiado y de esa forma –aseguró– no dañar la gobernabilidad de San Martín Texmelucan.
Explicó que buscarán que no se violente la normativa vigente puesto que los ayuntamientos solo pueden contratar deuda para ejecutar proyectos de infraestructura social y no para pagar deudas.
“Estamos en el análisis, es lo que llevamos en la discusión, ya estamos por aprobarlo, todavía tendremos unas pláticas, pero en este sentido versan”, sostuvo.
Indicó que de acuerdo con la ley de disciplina financiera, sería responsabilidad del ayuntamiento contratar un crédito con el banco público o privado que le ofrezca mejores condiciones, pues la deuda –estimó– se pagaría hasta entre 25 o 30 años.
Señaló que de darse dicha contratación, tendrá que pasar por la aprobación legislativa.