San Martín Texmelucan solicitó al Congreso local ampliar su presupuesto en más del 400 por ciento, pues pidió mil 500 millones de pesos contra los 284.2 millones de pesos que recibió este 2016, para saldar la deuda con dueños de predios.
En el punto ocho del orden del día se dio entrada al oficio en el que el edil Rafael Núñez Ramírez se autorice “la ampliación del presupuesto y/o el presupuesto extraordinario para el ejercicio fiscal 2016 y/o 2017, con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución del juicio de amparo 629/2015”.
Dicha solicitud se suma a la del pasado 21 de septiembre, cuando el ayuntamiento texmeluquense pidió la adquisición de un endeudamiento por mil 7 millones de pesos para indemnizar a 23 ejidatarios que ganaron un juicio por la posesión de 18.5 hectáreas, donde se ubica el tianguis de ropa considerado el más grande de Latinoamérica.
Y es que el 7 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió al ayuntamiento encabezado por el petista Núñez Ramírez cumplir con el pago de más de 600 millones de pesos –que con actualizaciones asciende a más de mil 7 millones de pesos– a los dueños del predio que actualmente se usa para tianguis, luego de que sus abogados perdieran un litigio que duró 21 años ante los propietarios de las 18.5 hectáreas de terreno.
Administraciones anteriores fueron omisas
Al respecto, la diputada petista Lizeth Sánchez García indicó que el tema está en análisis, pues, aunque es una cantidad “enorme” de dinero, hay un ordenamiento federal que cumplir.
Explicó que se está revisando de qué manera dar cumplimiento con una solución viable como –propuso– solicitar un recurso extra al Congreso de la Unión para que éste etiquete una partida “especial”, pues de utilizar el total del actual presupuesto se saldaría la deuda en 4 años, lo que dejaría en el “abandono” a la comunidad.
Criticó que los ediles anteriores: Teodoro Ixtlapale Caporal, del PRI (2012-2014); Yazmín Alonso Ramírez, del PRI (2012); Carlos Sánchez del PRI (2011-2012); Noé Peñaloza Hernández, de Nueva Alianza (2008-2011); Rubén Garrido Muñoz, del PAN (2005-2008); Sabás López Montaño, del PRI (2002-2005); y Enrique Porter Basbuch, del PAN (1999-2002); no hayan dado seguimiento al conflicto.
Insistió en que a todos los que han estado involucrados “también les toque y se hagan responsables de lo que les corresponde”.
El oficio fue turnado a las comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio, y Presupuesto para discusión.
