La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspende los derechos partidistas a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, y otros seis de sus funcionarios por las acusaciones de corrupción; sería el primer paso para su expulsión.
La comisión alista también los casos de los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, así como del mandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Los casos se discutirán en lo individual con hasta 15 días de diferencia cada uno.
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación que seguía la Fiscalía General del Estado de Veracruz por enriquecimiento ilícito en contra del mandatario debido a las acusaciones por creación de 34 empresas fantasmas para el desvío millonario de recursos públicos.
Sanción “escalonada”
El senador priista y miembro de dicha comisión, Arturo Zamora Jiménez, explicó que hay tres tipos de sanciones, la suspensión de derechos, la pérdida de militancia y la expulsión definitiva, pero como todavía no hay un proceso penal contra Duarte de Ochoa, aún no puede ser expulsado, sin embargo, dichas sanciones se podrían aplicar “de manera escalonada”.
Anteriormente, Armando Barajas Ruiz, consejero del PRI abrió una denuncia en contra de Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo respectivamente, pero sólo se revisará el caso del primero.
Por su parte, legisladores del PAN, PRD y Morena calificaron al proceso como una “simulación” pues aseguraron que, ante las evidencias de corrupción, abuso de poder y violencia por parte de Duarte de Ochoa, el PRI debe acordar su expulsión.
PRI no cederá a presiones
En tanto, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, había señalado que la Comisión de Justicia Partidaria “no cederá a presión alguna ni se dejará intimidar” en el proceso de suspensión de derechos de Duarte de Ochoa.
Ante las acusaciones que hubo en su contra por ser indemnizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 1.2 millones de pesos, aseguró que la entrega de dicho dinero fue legal.
Por su parte, el presidente del PRI en Puebla, Jorge Estefan Chidiac, respaldó la suspensión de derechos al gobernador veracruzano porque “los partidos deben llevar a juicio a sus miembros corruptos”.
Fuentes: La Jornada / Animal Político
Editado por: Guadalupe De la rosa
