Integrantes de la empresa Articulados de Puebla, que tenía a su cargo la Línea 1 de la RUTA, aseguraron que el gobierno estatal no puede traspasar la operación de ese derrotero porque hay cuatro juicios en contra y hacerlo sería ilegal.
En rueda de prensa, el asesor financiero de dicha empresa, Roberto Vázquez Vázquez, señaló que aunque las autoridades estatales han desconocido al primer Consejo de Administración de dicho transporte, cuentan con las acciones que avalan su participación en la empresa por la que se conformó RUTA.
Aseveró que uno de los cuatro juicios que se emprendieron por tales hechos fue fallado a favor, por el que se obliga a Carreteras de Cuota Puebla (CCP), que opera actualmente el servicio y es del gobierno, a reconocer a los integrantes del consejo como el ente rector de la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Asimismo, dijo que el primer corredor del metrobús poblano no fracasó por los transportistas que se asociaron, sino por la “mala” administración que hubo en la operación, “hicieron creer que eran los transportistas, cuando los transportistas solo manejaban los camiones”.
En ese sentido, sostuvo que la línea 1 de RUTA no funcionó derivado a que Carlos Zurita García y Víctor Mata Temoltzin, quienes en 2013 fungían como subsecretarios de la Secretaría de Transportes (ST) –hoy SIT– echaron a andar dicho transporte a pesar de que habían sido advertidos que aún no estaba listo.
Sostuvo que para que el servicio operara al 100 por ciento hicieron falta patios de encierro, talleres de mantenimiento mecánico y para llantas, áreas de lavado, oficinas de administración e instalación total del sistema de prepago, pues sólo se colocaron 18 de 40 máquinas, acciones que no tomaron en cuenta.
CISA busca comprar acciones de socios
Por su parte, el representante legal, Oscar Ruíz, aseveró que de los cuatro juicios en contra de Carreteras de Cuota, uno es para que les regresen la Toma de Nota del Consejo de Administración encabezado por Juan Cervantes Hernández; un juicio de amparo directo con sentencia que ratifica que Miguel Ángel Aceves Mendoza no representa legalmente a la Articulados de Puebla.
De los otros dos, uno está en proyecto de sentencia de la obligación a Aceves Mendoza a una rendición de cuentas y entrega de la administración de Ia empresa y el último es una denuncia ante Ministerio Público para la investigación de asambleas fraudulentas y falsificación de firmas de integrantes del anterior consejo.
Además señaló que dueños de la empresa Corredor Insurgentes (CISA) se han acercado a los concesionarios de la línea 1 en Puebla para ofrecerles placas de taxi o la compra de sus acciones, cada uno con dos, a cambio de que desistan en insistir para operar la administración del derrotero.
Transportistas piden operar servicio
Por su parte, Cervantes Hernández indicó que el sistema no funciona bien, ya que de las 119 unidades con las que inició la operación, actualmente sólo tiene el 50 por ciento, ya que el resto está en reparación o mantenimiento, pero no hay recursos para ello.
Asimismo, puntualizó que desde que se creó Articulados de Puebla, como una asociación de administración de los antiguos trasportistas que operaban unidades del transporte público sobre el paso del derrotero, el gobierno estatal les debe más de 40 millones de pesos.
Por lo anterior, solicitó a la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) una mesa de diálogo con el fin de que los extransportistas retomen la administración de la línea 1 RUTA, pues aseguró que cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para corregir su funcionamiento.
Cabe mencionar que los exconcesionarios actualmente están divididos en dos grupos: uno que preside Juan Cervantes Hernández, quien representa a 150 socios de los 192 en total, y otro dirigido por Miguel Ángel Aceves Mendoza, a quien la mayoría de los implicados acusan de fraude por no entregarles las ganancias prometidas inicialmente en el proyecto.
