Hasta febrero de 2016, Puebla contaba con 20 Centros de Justicia Alternativa (CJA) para operar el sistema penal acusatorio, lo que lo ubicó en el lugar cuatro a nivel nacional; en tanto, en el país había 314 instalaciones de este tipo operando.
Lo anterior de acuerdo con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (Cidac) y su estudio “La Otra Justicia”, que agregó que en Puebla son necesarios 30 CJA para operar el nuevo sistema judicial penal, que inició de manera formal en todo el país el 18 de junio de 2016.
La entidad poblana compartió el cuarto peldaño con Tabasco también con 20 centros. Asimismo, Puebla quedó por debajo de Guanajuato, con 46 centros; Nuevo León, con 29 y Morelos con 23.
El número de CJA en cada entidad varia, siendo Puebla la entidad que más instalaciones requiere a nivel nacional, seguido de Guerrero el cual requiere 27 centros de los que hasta febrero de 2016 sólo tiene en operación uno.
Internos generan gastos de $213 al día
En México, a partir de la reforma constitucional en materia penal del año 2008 se introdujeron los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales (Mascp), los cuales buscan evitar siempre que sea posible una pena de cárcel, privilegiando la participación voluntaria tanto de la víctima como del ofensor para llegar a un acuerdo.
Dentro de la exposición de motivos de la reforma se señalaron las consecuencias de una política criminal deficiente, que había derivado en el uso de la prisión preventiva excesiva: 40 por ciento de personas internadas en cárceles sin sentencia y un sistema penitenciario que operaba al 130 por ciento de su capacidad en promedio dando como resultado sobrepoblación y hacinamiento.
Lo anterior representaba un gasto aproximado de 213 pesos diarios por interno, lo cual implica que solo para mantener a las personas en prisión preventiva se invierten 22 millones 970 mil pesos al día y 8 mil 269 millones de pesos al año.
Cabe mencionar que la organización civil señaló que el sistema de justicia penal acusatorio presenta deficiencias, pese a lo realizado durante ocho años de implementación, pues sólo el 1.4 por ciento de recursos se dio a capacitación.
