Las corporaciones policíacas no respetarán los derechos humanos de la población, si las autoridades no respetan los suyos, pues “se violan sus derechos, como el de audiencia y trabajo” por la fracción XIII del apartado B del artículo 123.
Lo anterior coincidieron especialistas y dirigentes de organizaciones policiales del país durante la Segunda Cumbre de Líderes por la Seguridad y Procuración de Justicia, quienes agregaron que ello podría significar el fracaso del nuevo sistema penal acusatorio que está basado en el respeto a los derechos humanos a la población.
Explicaron que los policías obedecen órdenes y cuando existen enfrentamientos con manifestantes, las autoridades los “ponen como chivos expiatorios”.
Pedro Camarillo Flores, director estatal del Comité Estatal del Estado de México del Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia (Mnspj), puso como ejemplo el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde los policías recibieron órdenes, pero son los que serán enjuiciados y desprestigiados.
Durante su ponencia titulada “Jubilación digna de los cuerpos policiales”, indicó que no existe una carrera policial porque el examen de control de confianza se utiliza en los estados de “forma arbitraria”.
No hay retiro digno
Asimismo, dijo que no hay un retiro digno para los elementos, pues a los 60 años ya tienen diabetes, están enfermos o tienen alguna incapacidad.
Además, señaló, en varias entidades los policías que tienen más de 20 años de trabajo, los despiden “injustificadamente” a través del examen de control de confianza y no pueden hacer nada por la fracción XIII del apartado B del artículo 123, que señala que si un agente es dado por ese motivo, ya no puede ser contratado nuevamente por ninguna autoridad.
“No he escuchado a ningún gobernante que prevea un retiro digno para nosotros (…) tenemos que dar todo por la seguridad del país y nosotros tenemos nuestros derechos disminuidos, pues no nos dicen por qué reprobamos el examen de control de confianza y ya no podemos ser contratados por ningún gobierno”.
En este foro, organizado por el Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia (Mnspj), los especialistas reiteraron que no hay transparencia en la aplicación del examen de control de confianza.
Contradicción jurídica en el Estado
Por su parte, el representante legal del Mnspj, Omar Ortega, explicó que existe una contradicción jurídica en el Estado nacional, pues a los policías les exigen el respeto a los derechos humanos, pero a ellos no se les respetan los suyos.
Lo anterior porque la fracción XIII del apartado B del artículo 123 Constitucional excluye a las fuerzas de seguridad de tener derechos laborales y por ello solicitó la reforma de dicho artículo.
“Los policías solo tienen obligaciones, pero no tienen derechos, lo cual lamentablemente ha sido avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no es correcto (…) los policías, si demuestran que fueron despedidos injustificadamente, no solo deben tener derecho a la indemnización, sino también a la reinstalación”, dijo.
Finalmente, los especialistas explicaron que la capacitación dada a los elementos que son despedidos injustificadamente “se va a la basura y algunas veces al servicio del crimen organizado”, además de que “no se va a tener una sociedad pacífica que fomente el desarrollo económico y social sino existe una policía profesional que tenga la tranquilidad de contar con estabilidad laboral”.
En esta cumbre –que estuvo presidida por Jaime Ramón Bernal García, presidente del Mnspj—también estuvieron el legislador del Partido Humanista, Luciano Jimeno Huanosta; el representante del Mnspj de Tabasco, Raúl Jerónimo Amaya; el director de Insyde, Ernesto López Portillo Vargas, el representante de un grupo de policías de Coahuila, Daniel Guadalupe Castellanos Olivas, la directora de Estrategia Política en el Estado de México del Mnspj y el coordinador nacional del mismo movimiento, Evidey Castro Laines, entre otros.
