La bancada del PRI en el Senado exigió al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, CDH y CEAV, un informe de los servidores municipales que han perdido la vida, sido víctimas de extorsiones o secuestros desde que entró en funciones.
Asimismo, exigió que el informe incluya el número de personas que han sido procesadas por tales hechos, ya que acusó “a pesar de los esfuerzos de la Federación por cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad pública”, debe haber participación y un análisis de fondo sobre el índice delictivo y las particularidades que aquejan a determinadas regiones del país, que deben realizar los gobiernos estatales y municipales.
Acusó que en el estado hay una “situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los servidores públicos del orden municipal en Puebla, donde se han registrado múltiples hechos delictivos en contra de alcaldes y exalcaldes”.
El primer caso ocurrido durante la administración de Moreno Valle, ocurrió durante la madrugada del 20 de abril de 2013, cuando perdió la vida José René Garrido Rocha, expresidente municipal de San Salvador el Verde, luego de que ingresaran a su domicilio, presuntamente, para robar. Tras la resistencia, le dispararon, lesión le causó la muerte.
Cuatro en 2015
Mientras, el 8 de febrero de 2015 el exalcalde de Cuapiaxtla de Madero, Santos García Machorro, quien se desempeñó como alcalde durante el periodo 2011-2014 abanderado por las siglas del PRI fue encontrado muerto por arma de fuego y punzocortante en su domicilio, y al día siguiente dos familiares del exalcalde, también fueron ultimados.
El 24 de mayo de 2015, dos hijos del exalcalde de Zihuateutla, Juan Ojeda González, estaban en calidad de “desaparecidos” al perder rastro de ellos en la carretera a Chicontla cuando circulaban en un automóvil Nissan Tsuru, con placas UAC-1678 de Puebla.
El 25 de mayo de 2015, el regidor (2014-2018) del ayuntamiento de Chignahuapan, Salvador Méndez Morales -quien además fue coordinador de campaña de Lorenzo Rivera Sosa, excandidato del PRI a diputado federal- perdió la vida por arma de fuego a manos de sicarios. Por ello, no se descartaron las líneas de investigación por móvil político y se inició la carpeta de investigación número 193/2015/CHIG.
El 7 de diciembre de 2015 fue asesinado Manuel Gómez Fosado, con arma blanca que le provocó una herida de 30 centímetros en el cuello al nieto del exedil de Xicotepec, Israel Gómez Díaz. Las autoridades habían señalado que existían denuncias de probable secuestro del exalcalde y empresario.
Tres en 2016
El 19 de abril el expresidente municipal de San Felipe Xochiltepec, EustacioTarcisio Lorenzo Marcos, fue asesinado con disparos de armas largas por un comando que lo interceptó en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; previo al ataque, en múltples ocasiones recibió amenazas de muerte y llamadas de extorsión.
El 15 de julio el exalcalde del municipio de Domingo Arenas, Neftalí Hernández Mejía, fue asesinado con arma de fuego a plena luz del día, cuando circulaba en una camioneta Nissan negra, con placas SM45 596, luego de haber retirado dinero de un cajero automático en Huejotzingo. Los sujetos le robaron 20 mil pesos en efectivo cuando se encontraba acompañado de su esposa sobre el Camino Real a Domingo Arenas.
Mientras que el 2 de agosto, perdió la vida por impactos de bala, José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán el Grande, cuando regresaba a su hogar en compañía de su secretaria; ambos fueron emboscados con armas de grueso calibre.
Los senadores priistas precisaron que en la presente administración estatal se han registrado los hechos “más sangrientos en contra de servidores públicos del orden municipal y sus familiares”, aunado a los “grandes retos” que enfrenta la seguridad pública municipal, y que solo en Puebla de 31 mil 445 elementos evaluados, sólo el 40 por ciento había aprobado las pruebas de control y confianza.
Puebla, entre las más peligrosas
Además, de acuerdo a la Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac), la entidad está entre las diez más peligrosas para las autoridades municipales.
Por lo que exigieron también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), entregue un informe detallado de las acciones llevadas a cabo en la investigación de las presuntas omisiones de las autoridades estatales y las “las recomendaciones públicas que, en su caso, haya hecho a diversas autoridades estatales y municipales, del 1 de febrero de 2011 al 10 de agosto de 2016”.
Finalmente, pidieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un informe detallado de las acciones llevadas a cabo, para atender a cualquier persona en calidad de víctima, sin importar el fuero de los delitos o violaciones a sus derechos.
