Tras la segunda solicitud de Sabino Leonardo Báez Serrano para ser restituido como presidente auxiliar de La Resurrección, el ayuntamiento de Puebla volvió a negarle tal hecho, por lo que promoverá un amparo.
En entrevista, Hilario Gallegos Gómez, representante legal del exedil subalterno, mencionó que nuevamente el argumento de la Comuna fue que está inhabilitado, pues aún enfrenta dos procesos por el delito indebido de funciones a través de los juzgados de San Pedro Cholula y Séptimo de la capital.
Señaló que Báez Serrano no “está siendo medido con la misma vara”, pues a Raúl Pérez Velázquez, presidente auxiliar de San Miguel Canoa, también estuvo preso y aún enfrenta un proceso penal, sin embargo, sí se le permitió retomar su cargo al frente de esa demarcación.
Consideró que, más que una cuestión legal, se trata de un tema político, pues “continúa” en la lucha haciendo activismo dentro de su junta auxiliar, así como en la conformación de la Unión de Pueblos Originarios, por lo que –reiteró– acudirán a la justicia federal.
“Estamos trabajando la estrategia jurídica y buscando los argumentos legales que pudieran soportar bien el amparo para que no nos lo vayan a desechar, sería en contra del ayuntamiento y probablemente sea la próxima semana cuando lo presentemos”, declaró.
Piden ayuda a regidores panistas
Gallegos Gómez mencionó que también se reunieron con los regidores panistas Myriam Arabian Couttolenc y Juan Carlos Espina Von Roehrich solicitándoles que aborden el tema en el Cabildo, quienes les contestaron que primero lo analizarán de manera personal.
Asimismo, indicó que en los próximos días buscarán hacer lo mismo con el regidor Oswaldo Jiménez López, presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia, a quien –aseguró– le compete.
Cabe mencionar que el pasado primero de abril, después de estar un año 5 meses y 14 días en el penal de San Pedro Cholula, Báez Serrano salió tras pagar una fianza de 30 mil pesos por el delito de peculado; fue el primer edil subalterno encarcelado por ser protagonista de las manifestaciones en contra de las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, con las que se les retiró la facultad del Registro Civil.
