Por Gabriela Xelano @Fitoles
El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Deselec 1-Comexhidro que se construye en el rio Ajajalpan, ha sido suspendido temporalmente por orden de un juez de distrito de Puebla, en favor de las comunidades del pueblo Tutanaku.
Lo anterior en respuesta al juicio de amparo promovido por las comunidades indígenas nahuas y totonacas de San Felipe y Altica, en Tepatlán y de San Mateo Tlacotepec, en Ahuacatlán, contra el proyecto que –aseguran– tiene por finalidad exclusiva generar electricidad para Walmart y otras socias de la empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
Por lo que, haciendo uso de las vías legales las comunidades interpusieron el pasado 4 de abril una demanda de amparo contra el proyecto, misma que fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, quien mandató la suspensión inmediata de la ejecución de dicho proyecto hidroeléctrico, en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo.
Ya que los pobladores de la Sierra Norte consideran que el acto de construir la hidroeléctrica, es solo un intento de penetrar en la zona para iniciar proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos y de privatización del agua de sus territorios para “beneficio de empresas transnacionales”.
Constructora impugna decisión
Dicha suspensión fue impugnada en su momento por la empresa; sin embargo, el 2 de mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión concedida por el Juez, con lo que quedó firme la obligación de cumplirla.
Es así como las comunidades piden que el Estado respete el artículo 4 constitucional, y se evite una afectación como la hecha por Conagua al otorgar a Comexhidro permisos para el uso y aprovechamiento del Río Ajajalpan en el que pretende construirse la planta, y que incluye el aprovechamiento de manantiales y ríos que escurren hacia el mismo.
Mientras piden a las autoridades dejen atrás su “campaña mediatica” con la buscan hacer creer que las comunidades obstaculizan la llegada de inversiones cuando en realidad se trata de la destrucción y privatización de recursos naturales y humanos.
“Las declaraciones nos inquietan porque con ellas hay una negación a nuestra garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de nuestros derechos colectivos, así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho”, acusaron.
Cabe recordar que su construcción fue anunciada desde el pasado 27 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto, en la construcción de la presa participarán la empresa canadienese Innergex, socia de Comexhiro.
Foto: Especial
