Por Lorena González

La empresa Deselec 1 presentó su solicitud de desistimiento del procedimiento de evaluación de Impacto ambiental del “Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1” en los municipios de Ahuacatlán, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán.

La obra representaba una inversión de 2 mil 255 millones de pesos, es decir, 126.7 millones de dólares, con lo cual se generaría una producción media anual de 157 Gigawatt hora (GW-hr).

Dicha firma presentó su solicitud de desistimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental con número 21PU2016E0019, el pasado 18 de marzo, lo cual fue publicado en la Gaceta Ecológica del jueves pasado.

El proyecto consistía en la construcción de un grupo de obras para captar el agua del río Ajajalpan y posteriormente enviarla a la casa de máquinas donde, mediante la energía cinética del agua, se moverá un equipo turbina-generador.

Además, constaría de caminos de acceso, túneles-rampa, cortina, túnel de conducción, tubería de presión, casa de máquinas y subestación.

Desde que se dio a conocer el proyecto para la Sierra Norte en 2011, habitantes de Ahuacatlán, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán manifestaron su rechazo.

 

Pobladores acusaron daño ambiental

Aseguraron que la hidroeléctrica que buscaba instalar Deselec modificaría el caudal del río Ajalpan, lo que –afirmaron—generaría “graves impactos” a las inundaciones de zonas de cultivo, además de que el uso de explosivos para la construcción de túneles pondría en riesgo los manantiales.

Hace un año, acusaron que la empresa simuló una consulta para que los pobladores avalaran la instalación de dicha hidroeléctrica en el pueblo, a la cual se opusieron.

Los habitantes del municipio totonaco denunciaron que la empresa generó división en sus comunidades, pues intentó sobornar a pobladores para que autorizarán el proyecto “Puebla 1”, incluso –dijeron- hubo hostigamiento contra activistas de la causa.

Aunque la Semarnat autorizó el proyecto en 2011, los inconformes dijeron que esa decisión iba en contra del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se establece que las culturas indígenas deben de ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones que los puedan afectar.

 

Foto: Especial