Por Tanía Damián y Lorena González
A siete años del asesinato del activista social, Fermín Mariano Matías, no hay detenidos por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE); fue visto con vida por última vez el 23 de junio del 2009, en un parque público de la entidad.
Así lo detalla el documento “Entre el dolor y la movilización social: Una aproximación a los impactos de la desaparición forzada. Los Casos de Fermín Mariano Matías y Edmundo Reyes Amaya” presentada por la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh).
De acuerdo a la investigación, Mariano Matías participó en el movimiento de casas de estudiantes en Puebla y fungía como asesor de diferentes organizaciones sociales, fue cofundador de la Liga Estudiantil Democrática (LED), era asesor de la Organización Independiente Totonaca (OIT) en la sierra de Puebla, y había sido nombrado consejero estatal del PRD en Puebla.
Asimismo, este documento indica que tanto en el caso de Mariano Matías como en el de Reyes Amaya, activista desaparecido en Oaxaca, la respuesta de las instituciones y autoridades estuvo marcada por la “difusión de información falsa como medio para ocultar la realidad sobre la represión política de la que habían sido víctimas los desaparecidos”.
Autoridades ocultan información
El informe destaca que la falta de respuesta y el desdén de las autoridades fueron elementos que agudizan la incertidumbre de los familiares y compañeros de las víctimas. En el caso de Fermín, la familia no recibió información completa del caso, ya que, de acuerdo con el dictamen emitido por la procuraduría de Tlaxcala el levantamiento de cadáver se hace el día 24 de junio, sin embargo los familiares no recibe información hasta el 27 de julio.
Agrega que la impunidad transgrede el principio de igualdad ante la ley, pues la ausencia de castigo implica la aprobación moral y política de los crímenes y alienta la repetición de las violaciones a derechos humanos. Históricamente la impunidad se ha traducido en silencio y olvido.
Asimismo, la criminalización de la protesta social, se materializa en detenciones arbitrarias, equiparación de luchadores sociales con delincuentes, agravamiento de las acusaciones, ilegalización de la protesta social y a veces con la “desaparición” de los involucrados.
Cabe mencionar que en días pasados la CNDH emitió una recomendación general sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, en la que documentó 29 casos de persecución en el país, de los cuales cinco fueron de Puebla, lo que comprobaría que hay activistas presos.
Foto: Especial
