Por Álvaro Conrado Pérez Aquino
Una nueva discusión de manera muy importante se está gestando actualmente en nuestros días, en relación con el cambio climático y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lo anterior tiene que ver o adquiere relevancia al sector empresarial y para México que, coincidentemente, tiene el debate público en este momento. El primero es la COP 21, la cual ha tenido mucha repercusión, tal vez sin precedentes ya que más de 150 Jefes de Estado, se han dado cita para el debate y su criterio es confirmar que existe convergencia o que debe existir unanimidad, sobre la necesidad de hacer mucho más de lo que hasta ahora se ha realizado frente al cambio climático en el mundo. Acciones que no se pueden postergar, y que debe existir corresponsabilidad efectiva de todos los países participantes.
Creo que, por lo que toca a México, no debemos hacer a un lado ni ignorar el desafío que implica encargarse del saneamiento climático y tal postura fue adoptada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de inauguración del panel, donde ratifico su adhesión, esto implica el compromiso como ahí se dijo, de duplicar en cinco años a nivel mundial la inversión pública y privada en investigación y desarrollo en la materia.
Otro tema sobre el que se habló en la cumbre es el de una eventual ratificación del convenio 98 de la OIT, al decir de los experimentados sobre este tema, del compromiso del cambio equilibrado sobre la corresponsabilidad ante el cambio climático y competitividad industrial y económica, al ratificarse el convenio preocupa que pueda suscitar un rompimiento en los equilibrios y la paz laboral, así como mermar la productividad, pero el consejo coordinador empresarial dicen, no puede dejar de manifestar su inconformidad con la suscripción de este convenio.
La experiencia que se tiene sobre la aplicación de este convenio, por parte de otros países, ha sido una constante fuente de quejas y extorsiones, incluso ante la misma OIT, pero la legislación mexicana vigente cubre amplia y fundamentalmente el principio de protección al derecho a la sindicación y de negociación colectiva, por eso la opinión acerca de que, efectuarse su ratificación traería consecuencias negativas para los trabajadores, incluso en términos de sus derechos básicos.
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