Escrito por: Lorena González Guzmán
En Puebla, con la llegada del gobierno de Rafael Moreno Valle, la libertad de expresión ha sufrido “represión”; además, la transparencia y el derecho de acceso a la información han sido vulneradas, aseguró Artículo 19.
Así lo señaló el organismo internacional en su estudio “Transparencia, la deuda de Moreno Valle. Informe sobre la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla”.
De acuerdo con Artículo 19, la libertad de expresión, la transparencia y el derecho de acceso a la información se han visto “mermados”, ya que por un lado, se creó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Puebla, que amplía el alcance de la protección del derecho de acceso a la información, pero que limita la efectividad del recurso de revisión, con lo que se impide la posibilidad ciudadana de recurrir a una segunda opinión por parte del organismo especializado.
Además, indicó, desde la llegada al poder del “morenovallismo”, las entidades de la administración local han implementado prácticas que “inhiben” el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.
Puebla, único estado en pedir ratificación de información
La ley de transparencia dispone, en su artículo 77 párrafo segundo, que para poder recurrir una respuesta de autoridad por la parcialidad o falta de respuesta es necesario que se ratifique el interés en la revisión, es decir, que para iniciar un proceso de revisión, el solicitante de la información tiene, primero, que interponer un recurso y, después, ratificar personalmente o mediante “escrito libre” su interés en el mismo.
La ratificación es un procedimiento único en todo el país, según documentó el portal Lado B el 20 de septiembre de 2012, tras revisar las leyes de todos los estados.
En 2012, el entonces presidente del Comisión para el Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), Samuel Rangel, exigió la reformación de dicho párrafo el cual fue considerado “una artimaña para incumplir la norma pues obliga a los ciudadanos a ratificar un recurso de revisión cuando se le niega una solicitud de información y acaba provocando el desinterés de seguir con la petición de datos”.
Por falta de ratificación, 25% de solicitudes detenidas
Artículo 19 señaló que a más de 3 años de aprobada la ley y su ratificación, las cifras de la CAIP confirman el escenario que se preveía incluso antes de su aprobación en el Congreso local: la ratificación es una “piedra” para el derecho de acceso a la información.
Según el informe, de 209 casos resueltos en 2012, 28 se dieron por no interpuestos por falta de la ratificación, es decir, 13 por ciento. Para 2013, la cifra de quejas no interpuestas subió a 50 de 278 casos recibidos en la CAIP, lo que representa 18 por ciento del total. Y para 2014 escaló a 75 casos de 305 recursos interpuestos, lo que representa 25 por ciento.
Hasta junio de 2015, según la CAIP, 35 por ciento de los recursos que se presentaron no se tuvieron por interpuestos por la falta de ratificación.
El informe destaca la responsabilidad del Congreso local de armonizar la Ley General de Transparencia, publicada el 4 de mayo por el Ejecutivo Federal, y eliminar la necesidad de ratificación del recurso de revisión.
Asimismo, subrayó el deber del gobierno local para limitar la política de “opacidad, endurecida en los últimos años mediante prácticas que limitan el potencial democrático” del ejercicio del derecho de acceso a la información como son: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo con la calidad de los usuarios; el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada; la declaratoria de inexistencia de información –notoriamente existente– y la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos.
Cabe mencionar que este análisis recabó el testimonio de algunos periodistas así como del Observatorio de transparencia “Con los ojos abiertos”, de la Universidad Iberoamericana en Puebla donde narran sus experiencias al querer hacer válido su derecho de acceso a la información pública.
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