Por Alejandra Olivera
La defensa de Adán y Paul Xicale informó que ya presentó el sexto amparo por el nuevo auto de formal de prisión del segundo proceso, y están en espera del informe “justificado” del juzgado penal de Cholula al juzgado federal sobre el caso.
Así lo dio a conocer el abogado, Josué Xicale Coyopol, quien recordó que siguen vigentes dos procesos; el primero, por el delito de motín y daño en propiedad ajena de la presidencia municipal de San Andrés Cholula; el segundo, por delito cometido contra funcionarios sanandreseños, en base a los mismos hechos del 6 y 7 de octubre de 2014.
Indicó que en el amparo la defensa está argumentando la repetición de todas las acusaciones, “pues es lo mismo, sólo cambian el número del proceso”, por lo que el juzgado de Cholula tiene que emitir su informe “justificado con todas las constancias que argumenten sus dichos”.
Comentó que la negación de la libertad bajo fianza en ambos casos se debió a que “ilegalmente y de manera desventajosa para nosotros y contrario a la Constitución, vinculan los dos procesos” bajo el argumento de que “son un peligro para sociedad, pues en ambos casos tienen otro proceso que seguir.
Absurdo lo del peligro para la sociedad
Señaló que el juez de Cholula tiene la facultad de poder liberar a sus familiares, pues tiene las constancias, además de que al desistir el ayuntamiento sanandreseño de las acusaciones del primer proceso, en automático el segundo “se vendría abajo”,
Mencionó que el estado anímico de sus familiares “ha ido mejorando” después de que les negaran su libertad, no obstante, la salud de su padre se ha visto afectada, por lo que ha sido necesario llevarle medicamentos.
Refirió que el único ayuntamiento que se ha manifestado en contra del llamado Parque de las 7 Culturas es el de San Pedro Cholula, contrario al de San Andrés Cholula y el gobierno estatal, quienes han tenido una actitud “de cerrazón de diálogo, negativa de transparentar la información para continuar con el proyecto”.
Aunque –dijo—“se les cayó la expropiación, porque el tribunal declaró su inconstitucionalidad”, ambos gobiernos han comprado terrenos, de los que se desconoce la cantidad.
“A un año de que se inició la defensa, sólo un gobierno ha recapacitado en que el pueblo tiene la razón, que debiera ser consultado antes de una acción y que no está de acuerdo con un proyecto que afectará los usos y costumbres reflejados en las bajadas de la Virgen de los Remedios”, sentenció.
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