Por Gustavo Santín
Proverbial Aurelio Nuño Mayer, calificado por politólogos como precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la primera magistratura de la Nación 2018-2024, se lava las manos y aunque en primer instancia reitera que se aplicaría ” la ley a quienes pretendieron descarrilar la evaluación docente en Guerrero”, no quiere, al separar de la docencia a maestras y maestros, cargar con culpas ajenas y con la sangre de los “justos”, quienes no tendrían por qué pagar por los agravios realizados por los pecadores, infiltrados por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Acapulco, autores de un presunto boicot que se habría concretado el jueves 3 de diciembre del 2015, “por ello estamos haciendo una investigación muy precisa, para tener elementos contundentes.”(http://goo.gl/2lP1g1).
Bíblico, quijotesco, querellante, policía ministerial, fiscal y juzgador, Nuño Mayer señala la comisión de “ciertos delitos”, acusa, investiga, persigue, ordena el uso de la fuerza pública, juzga, condena y exonera al amparo de un poder omnímodo, justificando su actuación en la aplicación de la Reforma Educativa y Ley General del servicio Profesional Docente.
Recurrente con lo sucedido y con lo que acontecerá en la aplicación del desempeño en Chiapas, Nuño Mayer al tiempo que diseña la estrategia militar para ocupar la plaza y garantizar “el derecho que tienen los maestros chiapanecos a ser evaluados”, insiste en sumar al magisterio que se opone a una reforma laboral de excepción que conculca derechos laborales adquiridos y les invita a que se incluyan en una propuesta de gobierno elaborada en aras, repite sin cesar, del interés superior de niñas, niños y jóvenes.
Tira la piedra y esconde la mano, ofrece la diestra en son de paz mientras que en la siniestra esconde un garrote con el que golpeará a quienes no se sumen a un proyecto sumamente cuestionado. Apela a un argumento demandado largamente por maestras y maestros, la profesionalización del magisterio, “el desarrollo profesional docente”, mientras lanza el señuelo de mejora salarial, acotado a los excelentes, para aquellos que quisieran ser mejores maestros.
Empero, tras tres años de administración de un proyecto neoliberal basado en las reformas estructurales demandadas por el capital internacional, los puntos de coincidencia entre quienes apoyan a una de ellas, la Reforma Educativa (RE) y quienes la rechazan aún no se presentan.
La manzana de la discordia sigue siendo el carácter “punitivo” de la evaluación, a pesar del carácter festivo con el que Nuño anunciara la marcha exitosa de la RE como se mostrara desde su óptica, la firma de un convenio de colaboración académica, que permitiría el acceso de alumnos, alumnas, madres y padres de familia a una plataforma educativa mediante el uso de las ya no tan nuevas tecnologías de la información y la comunicación, signado entre la oficina educativa de la administración de Enrique Peña Nieto y Carlos Slim, que entrega al magnate el uso de la red Edusat (http://goo.gl/XbvHPL) y el anuncio de la primer emisión de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) en la Bolsa Mexicana de Valores, por más de 8 mil quinientos millones de pesos “para dejar en condiciones dignas … a ….33 mil escuelas en más de 2 mil municipios en beneficio de 4 millones de alumnos de todos los niveles educativos, donde 1.5 millones de estudiantes corresponden a escuelas indígenas.” (#EscuelasAlCIEN), cuyos rendimientos financieros provendrán del secuestro, gasto anticipado, deuda pública encubierta, del 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) correspondientes a las entidades, por los próximos 20 años y no del incremento presupuestal ordinario contemplado en las leyes de egresos de los ejercicios fiscales de la federación, las entidades y los municipios como se estable, a través de la concurrencia en gasto educativo, en la Ley General de Educación (LGE).
Pero si la evaluación al desempeño docente sigue siendo la piedra en el zapato para la administración de Peña Nieto y para quien podría sucederle frente de una administración, que en menos de tres años podría “caer” en manos de Andrés Manuel López Obrado, cambiando la orientación de las reformas estructurales, por que no cambiar la tesitura en la que se da, por qué no otorgarle el mérito real que le correspondería en un proceso de mejora continua, por qué no al amparo de la evaluación, la profesionalización y de la formación continua del magisterio, permite elaborar diagnósticos que mejoren el diseña de políticas públicas que efectivamente lograran sus cometidos y consintieran que en mejores condiciones, el Estado cumpliera con la responsabilidad de brindar una educación de calidad al 100 por ciento de las niñas, los niños y los y las adolescentes que lo demandan no solo al 33 por ciento beneficiario de una política que tiene más visos de negocio que de preocupación por mejorar la infraestructura de una parte de los edificios escolares.
Por qué vincular la evaluación al desempeño docente, aunque no fuese una razón de Estado, al castigo y no a los alicientes económicos, materiales y morales que mejorasen el desempeño de una profesión de alto riego, por qué no derogar una Ley que permite que si los docentes no se presentaran a la evaluación y/o admitiesen el acompañamiento de tutores, pudiesen ser separados de su encargo sin responsabilidad para la autoridad educativa al margen de lo que dispone la Ley Federal del Trabajo.
Los responsables, Peña y Nuño pueden corregir el rumbo, generar un diálogo que permita que autoridades y actores del proceso de enseñanza aprendizaje aborden temas en común, diseñen una agenda que revise planes y programas, reoriente la formación de los y las docentes en las escuelas normales, incluida la evaluación integral al sector educativo. Si se puede, si quisiesen.
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