Por Redacción

A 18 años de la masacre de Acteal, familiares de las víctimas, de origen tzotzil, acusaron que el gobierno federal sigue negando su participación, pues aseguran que la Federación  organizó a grupos paramilitares para hostigarlos.

Indicaron que además buscaron causar enfrentamientos para después justificar el ataque en contra de los zapatistas.

Actualmente, el caso no se ha podido resolver debido a varias irregularidades en el proceso y corrupción. Los responsables de la masacre están libres mientras que indígenas de la misma comunidad están presos señalados de haber participado en la matanza.

En la última comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruíz Cabañas Izquierdo, aseguró que el asesinato de 45 indígenas —18 niños, 22 mujeres y seis hombres– en Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó, se trató de un conflicto intracomunitario; dio como una “solución amistosa” la indemnización a las familias de las víctimas.

Argumentó que la propia CIDH reconoció en su informe que no contaba con evidencia que relacionara a cerca de un centenar de paramilitares con el Estado mexicano, sino que dijo se trató de grupos armados que tuvieron conflictos entre comunidades.

 

Campa reconoce que gobierno no pudo prevenir masacre

Durante esa audiencia realizada en Washington, Estados Unidos, Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó la implicación gubernamental, pero reconoció que “fue incapaz de prevenir estos hechos y de responder adecuadamente después de ellos”.

Los integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, “Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal”, rechazaron la propuesta de forma inmediata, al tiempo que exigieron verdad y justicia al caso.

Cabe mencionar que fue un 22 de diciembre de 1997 cuando los nativos que se encontraban orando en el interior de una iglesia fueron atacados por 90 paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En 2011, 10 presuntas víctimas de la matanza presentaron en una Corte de Conneticut, Estados Unidos, una demanda civil en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León para demandar una compensación por los hechos, pero en febrero de 2014 fue exonerado por una corte de apelaciones en Nueva York.

 

 

Foto: 2.bp.blogspot​

Fuentes: La Jornada/Sin embargo

Editado por: Alejandra Olivera