Por Diana Juárez y Tania Damián
En la última sesión ordinaria de este año, el Congreso local aprobó las cuentas públicas del exedil Eduardo Rivera Pérez de 2012. La presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, aseguró que no hubo retraso en su dictaminación.
En entrevista con medios de comunicación, en el marco de la sesión, dijo que la aprobación de esta cuenta casi tres años después es por “el procedimiento (…) las visitas, la revisión, la notificación del pliego de observaciones y el plazo para solventarlo”.
Explicó que el próximo año continuarán con la revisión de las cuentas públicas de 2013. “Es un proceso dinámico porque son 300 sujetos de revisión”.
Ante la pregunta de los reporteros si hubo algún retraso por tintes políticos, lo negó y afirmó que la Comisión Inspectora trabaja “en base a un programa y la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado es con base a criterios técnicos”.
Por su parte, el diputado local priista y también integrante de la Comisión Inspectora del Congreso local, Rosalío Zanatta Vidaurri, afirmó que no hubo retraso en la dictaminación de la cuenta pública de Rivera Pérez de 2012, pues la lentitud se debe a lo que señala la ley.
Cabe mencionar que con esta aprobación trasciende que habría un acuerdo ente el panismo tradicional y el morenovallista, pues el primero apoyaría a Antonio Gali Fayad en 2016, cuando competirá por la minigubernatura de Puebla y relevar a Rafael Moreno Valle.
Se aprueba reforma a ley de notariado
Por otro lado, el Congreso local avaló la reforma a la ley de notariado en la que se establece la figura del inventor para visitar a los fedatarios, sanciones contra los mismos e implementar un tope de los honorarios y unificarlos mediante un arancel.
La iniciativa fue presentada el 18 de noviembre por la panista Patricia Leal Islas y este martes fue aprobada con 40 votos.
Se crearon causales más estrictas para la pérdida de patente.
La Secretaría General de Gobierno (SGG) será la encargada de expedir el arancel, que deberá ser proporcional a los servicios y tendrán que considerar supuestos que comprendan asuntos de servicio social, atención a asuntos de orden público y a grupos vulnerables.
Los fedatarios tendrán nuevas facultades, toda vez que serán también auxiliares en la administración de justicia, por lo que deberán estar certificados para poder ser mediadores.
Asimismo, los acuerdos firmados ante ellos tendrán que estar registrados en el Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial del Estado de Puebla, para que tengan efectos de cosa juzgada.
Tendrán prohibido intervenir en casos que le interesen a su persona como a su cónyuge o algún familiar, no podrán autenticar actos cuyo contenido sea “física o legalmente imposible”.
Tampoco podrán desempeñar cargos o comisiones públicas, empleos particulares o públicos; el ejercicio de la profesión de abogado, como lo es el patrocinio en cualquier clase de juicio o procedimiento; el desempeño del mandato judicial o del cargo de administrador único o gerente de sociedades civiles o mercantiles, así como actuar como agente de cambio y ejercer como ministro de cualquier culto.
En entrevista, la legisladora consideró que los cambios serán para tener control y que los ciudadanos tengan certeza de que los trámites o situaciones de los notarios.
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