*Por: Dra. Valentina Campos Cabral y Dr. Rafael Rodríguez Moreno

En un contexto de consternación, dolor e indignación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, S.J. y Joaquín César Mora Salazar, S.J y del guía turístico Pedro Palma, así como de la desaparición de cuatro personas más, nos sumamos a la exigencia multitudinaria de justicia y resguardo de las garantías de los religiosos y laicos de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua y del país.

Este hecho forma parte del mar de eventos semejantes de las últimas dos décadas, en las que se ha masificado y agudizado la violencia, situación naturalizada dada una pérdida de sentido de comunidad, el resquebrajamiento del tejido social y el privilegio del individualismo, egoísmo y violencia estructural en nuestra sociedad, pero también a la omisión, discriminación y desigualdad en la impartición de la justicia, la realización desprolija de investigaciones y procedimientos y políticas públicas perfectibles en su perspectiva y operación.

Las consecuencias son brutales: miles de homicidios, desaparecidos, desplazados y amenazados en el país. No obstante, hay sectores que se configuran como sujetos de riesgo mayor: ambientalistas y periodistas, pero el ominoso evento de este 20 de junio visibiliza la vulnerabilidad de religiosos.

En este sexenio, se han rebasado los 120 mil homicidios dolosos, lo que, en comparación de periodos previos, duplica el total de los presentes en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y a lo que se presentó en el periodo enero-junio del de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Centro Católico Multimedial (2021), este año hubo 79 atentados contra los miembros de la Iglesia Católica, de los cuales 4 fueron homicidios, precisándose que el dato está subvalorado ante la falta de denuncias. Como ocurre con otros casos, las autoridades responsables, las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República no han dado respuestas claras y contundentes al fenómeno, de manera que el 80% de los casos están sin resolverse.

Por su parte, Artículo 19 (2022), registra del 2000 al 2022, 153 comunicadores asesinados en posible relación con su labor periodística. En su informe 2021, registraron 644 ataques contra la prensa y siete asesinatos. Al sumar los años de gobierno presente suman: 1945 ataques contra la prensa, 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones, lo que, con relación al sexenio anterior, representa 85% más de ataques contra la prensa, para el periodo.

Así mismo el CEMDA (2022), reporta que el 2021 fue el año más violento para los defensores ambientales, desde el 2014. Con 108 eventos, entre agresiones, intimidación, hostigamiento, amenazas y homicidios, este es el tercer año consecutivo de aumento de número defensores ambientales asesinados o ejecutadas extrajudicialmente (25 para este 2021 y 58 para lo que va de este sexenio).

Esto revela que México es un país peligroso para defender el ambiente, tierra y territorio, así como para ejercer el periodismo y el sacerdocio. Esto configura como prioritario hacer un alto, conmovernos, condolernos para reflexionar todas y todos en qué hemos fallado, qué podemos hacer diferente, cuáles son nuestras responsabilidades y a partir de ello, en comunidad, generar soluciones concertadas, participativas y dialogadas que partan de la recuperación de casos exitosos en la construcción de mecanismos de seguridad basados en la no violencia y la cultura de la paz y la justicia.

*Valentina Campos Cabral: Doctora en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados. Su investigación doctoral lleva por título La acción colectiva por la defensa del Agua en la Magdalena Axocopan, Atlixco, Puebla. Maestra en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados y Licenciada en Biología por la BUAP. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la Ibero Puebla. Forma parte del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Comunicación y Cambio Social, así como de la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial. Colabora con la Licenciatura en Ciencias Ambientales. Postdoctora por la UNAM en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, con las investigaciones: Seguridad Hídrica y Movimientos Socioterritoriales campesinos en el Estado de México. Lucha por un Desarrollo Autogestivo Sustentable (año 1); y Territorio, acción colectiva y conflictos por el agua: el caso de los pueblos afectados por el sistema Cutzamala en los estados de México y Guerrero (año 2). Postdoctora por la BUAP en el Instituto de Gobierno y Desarrollo Estratégico, con la investigación Conflictos y movimientos socioambientales ante megaproyectos (mineros, energéticos y viales) en zonas rurales del estado de Puebla (año 3).

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