El INAI aprobó presentar una controversia constitucional ante la SCJN en contra del acuerdo por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró de seguridad nacional los megaproyectos de su gobierno y ordenó agilizar autorizaciones.
Lo anterior, este miércoles en sesión ordinaria del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde los consejeros resolvieron que el acuerdo “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad”.
De acuerdo con la resolución del INAI, avalada por unanimidad, el decreto presidencial realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.
Por tanto, concluyeron que existe una posible violación al artículo 6 de la Constitución federal, ya que la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información.
Asimismo, sostuvieron que el acuerdo vulnera los principios de inatacabilidad, definitividad y vinculatoriedad de las resoluciones del pleno, pues el gobierno las podría impugnar mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional.
Y en Senado dicen “no” a intento de impugnación
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senador, declaró improcedente la presentación de una controversia contra dicho acuerdo a nombre de esta soberanía, según solicitaron legisladores de oposición.
La también ministra en retiro de la SCJN argumentó que el Senado carece de “interés legítimo” para presentar tal recurso como parte agraviada.
Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras. 1/4 pic.twitter.com/C0UILr7l4B
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal otorgar autorizaciones provisionales a obras y proyectos prioritarios de su gobierno en un plazo máximo de cinco días.
LPR