Con la finalidad de medir la corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Inegi buscan hacer dos índices, uno que mida la eficacia gubernamental, y otro que mida la honestidad de los gobiernos.
Y es que la necesidad de medir la corrupción de manera integral ha abierto una ventana de oportunidad para avanzar en la producción de estadísticas que den cuenta de forma más completa y eficaz de la magnitud y el alcance del problema de la corrupción, aseveró el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, al presidir la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción (Cteico).
Salcedo Aquino sostuvo que en México la medición de la corrupción se alimenta principalmente de las estadísticas que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tarea que resulta de una gran complejidad dadas las características del fenómeno, ya que la principal dificultad para la realización de esta actividad reside en la falta de información veraz e inequívoca sobre la consumación de hechos de corrupción, pues éstos se cometen en secrecía.
En reunión virtual, en la que estuvo presente Adrián Franco Barrios, vicepresidente de la junta de gobierno del Inegi y presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, el funcionario precisó que a lo anterior debe sumarse que “pese a que las víctimas serían las principales interesadas en denunciar, con frecuencia no lo hacen, sea porque no confían en las autoridades, porque han accedido a pagar un soborno o por temor a represalias”, y dijo que “en este aspecto todos deberemos trabajar para generar esa confianza”.
Por ello, manifestó que medir la corrupción y los avances en su combate es una tarea difícil, pero no insuperable, por lo que es indispensable generar las condiciones de confianza para que el ciudadano denuncie los hechos de corrupción y de esa manera contribuya a abatirla.
Resaltó la importancia de que se lleve a cabo una revisión de los indicadores sobre corrupción, debido a que contar con cientos de estos no lleva a nada, por lo que propuso que dichas mediciones deberían estar alineadas a los delitos tipificados en el Código Penal Federal y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Propuso que un proyecto viable sería contar con dos índices: uno que midiera la eficacia gubernamental, lo que contribuiría a reducir los espacios de corrupción, y otro que fuera un indicador de la probidad y de la honestidad gubernamental, que sería de gran utilidad para ver el avance en la profesionalización del servicio público.
En la reunión también estuvieron presentes María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en materia de Combate a la Corrupción; Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros funcionarios del Inegi.
E:CB