En 2005, autoridades federales, estatales y municipales no hicieron caso a las peticiones de un grupo de vecinos de la calle Gasoducto, en San Pablo Xochimehuacan, quienes buscaban su reubicación de manera consensuada.
Esto, de acuerdo con una serie de documentos compartidos a Ángulo 7 por parte de habitantes de dicha vialidad de un poco más de un kilómetro y que debajo de ella pasa el ducto de gas Cactus-Guadalajara (desde 1960), lugar donde sucedió la explosión del pasado 31 de octubre por una toma clandestina.
En junio de 2005, una comisión de tres personas solicitó a la Federación, encabezada por Vicente Fox Quesada; al gobierno estatal de Mario Plutarco Marín Torres; y al ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero, una reubicación de sus viviendas, pero de manera consensuada porque la administración de este último quería desalojarlos “por la buena o por la mala” para diciembre y sin tomar en cuenta sus necesidades.
Hermilo Contreras Hernández, uno de los representantes de la comisión, contó que la Comuna de Puebla quería asignarles una casa de 40 metros cuadrados y a cambio, cada familia tenía que pagar 80 mil pesos, cuando algunos inmuebles eran más grandes, además recordó que cuando instalaron los ductos ya existían hasta 50 casas en el lugar.
Exigieron respetar propiedades
La situación provocó que los vecinos solicitaran la intervención del gobierno federal, para pedirle que el ayuntamiento actuara “conforme a derecho” respetando las propiedades.
Sin embargo, no tuvieron una respuesta favorable, pues este orden señaló que la problemática era de competencia estatal, por lo que el mismo documento fue dirigido en agosto al gobierno de Puebla, que contestó que era asunto de Protección Civil estatal y este último contestó que tenía que ventilarse al municipio
Por ello, la petición fue remitida al entonces alcalde Doger Guerrero y la dirección general de Protección Civil municipal del entonces titular Miguel Ángel Martínez Pérez, quienes coincidieron en enviarla con el exdirector de la Unidad Operativa de esta dependencia, Ramón Balderas Ruíz, quien negó que la reubicación fuera forzada, logrando que el tema se quedara en el camino, sin dar solución a la gran problemática.
Los vecinos también señalaron que los asentamientos de 1985 al 2000 no fueron regulados por las autoridades municipales.
Esta falta de respuesta costó muy caro, pues la explosión del 31 de octubre ha dejado hasta el momento cinco muertos, 19 heridos y alrededor de 200 casas dañadas, por lo cual, ahora la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta mantiene una negociación con las familias para lograr, ahora sí, la reubicación.
R: DJ