A casi ocho años de la aprobación de la reforma energética, promovida por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, sigue siendo una de las “herencias” más criticadas por el actual gobierno, debido a sus consecuencias en el sector petrolero y eléctrico.
La iniciativa fue presentada por el ejecutivo en agosto de 2013, con la bandera de que eran necesarios cambios en las industrias de los energéticos, a través de la “modernización” de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la entrada de empresas privadas al mercado.
En su campaña presidencial, Peña Nieto se comprometió a realizar cambios en el sector con el fin de disminuir los precios de los combustibles y la luz; además, una vez que llegó al cargo promovió el llamado “Pacto por México”, alianza legislativa entre el PRI, PAN y PRD, con la que se planteó aprobar las denominadas “reformas estructurales”.
Luego de que dicho pacto consiguió pasar las reformas educativa y fiscal, fuertemente criticadas por la población, el ejecutivo presentó la energética, con la que, dijo, se alcanzarían las disminuciones en las tarifas de las gasolinas, por medio de una mayor competencia e inversión por parte de privados.
Tras la realización de foros y debates en las cámaras de Diputados y Senadores, el 12 de diciembre de 2013 la reforma energética fue aprobada con 353 votos a favor y 134 en contra, sin que ninguna de las más de 200 reservas de los partidos opositores fueran tomadas en cuenta.
Fue avalada vía “fast track” en los estados
Asimismo, la propuesta fue avalada por 21 congresos estatales, mediante la vía “fast track”, es decir, sin discusión, pues en la mayoría de las entidades no se requirió más de media hora para ser votada y ratificada, con lo que el 20 de diciembre fue promulgada por el presidente.
La iniciativa contenía modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales con los que se permitía la inversión privada en el sector petrolero, por medio de contratos de “utilidad compartida” y en el eléctrico en la generación y comercialización de la energía.
Además, cambió a Pemex y CFE de organismos descentralizados a “empresas productivas del estado”, creó reguladores como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Con ello, se cambiaban disposiciones existentes desde 1938, cuando Lázaro Cárdenas del Río nacionalizó la industria petrolera y cuando Adolfo López Mateos hizo lo mismo con la eléctrica en 1960.
Tarifas de gasolina suben hasta 85%, las de luz 35%
Sin embargo, la reforma no logró cumplir con su objetivo de disminuir las tarifas de las gasolinas y de la luz; a partir de su aplicación, las primeras se incrementaron entre 75 y 85 por ciento, mientras que las segundas en un 35 por ciento.
Y es que las modificaciones fiscales y energéticas llevaron a la liberalización del precio de los combustibles, con lo que el gobierno de Peña Nieto supuestamente buscaba menores subsidios y mayor competencia.
Lo anterior resultó en un “gasolinazo” del 20 por ciento, el mayor incremento en dos décadas, a inicios de 2017, lo que ocasionó protestas, saqueos a comercios, choques violentos con las policías, detenciones e incluso la muerte de algunos manifestantes.
De tal forma, los precios de la gasolina magna y el diesel, pasaron de 11.17 y 11.37 pesos por litro, en 2012, a 19.23 y 20.76 pesos por litro en 2018, respectivamente, con alzas de 78 y 85.87 por ciento, cada una.
En el caso de la electricidad, la tarifa pasó de 1.39 pesos el kilo-watt hora, en 2015, a 1.88 pesos, en 2017, un incremento del 35 por ciento.
AMLO llamó a consulta popular y movilizaciones en 2013
Desde que la reforma fue anunciada en 2013 el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la “desobediencia civil pacífica” y convocó a diversas marchas de septiembre a diciembre de ese año, además de un cerco al Congreso de la Unión, advirtiendo que el fondo de la propuesta era la privatización de las empresas estatales.
Además, convocó a la realización de una consulta popular para que la población decidiera si la iniciativa era aprobada o no, lo cual fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente ha admitido que en ese momento “hizo falta pueblo”, pues aunque a las concentraciones acudía mucha gente, no fueron lo suficiente para detener la propuesta, sobre todo debido a la “desinformación” de la población.
Para AMLO no sólo son alzas en tarifas sino también esquemas
El actual ejecutivo no sólo ha criticado las anteriores alzas a los combustibles y luz, sino que también implicó diversos esquemas que van contra el erario, como el pago de “subsidios” de la CFE a empresas privadas, la disminución de la producción petrolera, entre otras.
Lo anterior a llevado al gobierno federal a plantear una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica y modificaciones a leyes complementarias, como la de Hidrocarburos.