A pesar de que la revocación de mandato no es un instrumento innovador de esta administración federal, pues se ha aplicado en varios países del mundo como un mecanismo “democrático” en el que supuestamente los ciudadanos tienen el control sobre sus gobernantes, genera dudas sobre su efectividad.

El pasado 14 de septiembre de este año se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, tras su aprobación después de varios meses de discusión en los que no encontró una oposición política que la cuestionara.

La propuesta que es una realidad fue parte de las promesas del hoy presidente de México y una de las enviadas a 10 días de haber tomado posesión del cargo.

La intención de la revocación de mandato es que los ciudadanos decidan si el titular del Poder Ejecutivo continúa en el puesto y procede a petición de ellos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores y que corresponda como mínimo a 17 entidades federativas.

Será en el primer mes posterior a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de la persona titular de la Presidencia de la República cuando los interesados presenten la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quien emitirá los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

Sin embargo, este mecanismo democrático contiene claroscuros como lo es la inequidad política que generaría tras la promoción indirecta de la figura presidencial en el marco de elecciones locales de 2022 y 2023, pero en especial de 2024.

La revocación de mandato entonces se convertirá en ratificación del mandato, ya que, de ser favorable para el presidente se consolidará la confianza en el desempeño de su gobierno, además de que todos los programas propuestos como becas a estudiantes, pensiones a adultos mayores, la construcción de obras como el aeropuerto de Santa Lucía, la rifa no rifa del avión presidencial, entre otros, se afianzarán como buenas decisiones.

De manera indirecta, la aceptación que tiene el primer mandatario del país tenderá a fortalecerse, con ello, habrá un daño colateral que podría debilitar a la oposición política si no existe estrategia para contrarrestar la promoción de la Ley.

El cuestionamiento entonces es si realmente la revocación de mandato es un mecanismo democrático en el que los ciudadanos tengan el control o uno de manipulación con objetivos claramente electorales que benefician al partido que actualmente gobierna.

@MaritzaMena7

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