Del 1 de diciembre de 2018 a octubre pasado, la SFP ha presentado 757 denuncias penales contra funcionarios y exfuncionarios, por delitos como enriquecimiento ilícito y peculado; en cuanto sanciones, impuso 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 personas por diversas faltas.
De acuerdo con la dependencia, desde su Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) ha presentado 198 denuncias ante diversas fiscalías en dicho periodo, en tanto que desde los Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado han sido 559.
Los principales delitos denunciados son enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito de servicio público, peculado y falsificación de documento.
Sobre las denuncias presentadas desde la UAJ, precisó que 165 de ellas, radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, señalan los delitos de enriquecimiento ilícito (114), uso ilícito de atribuciones y facultades (34), ejercicio ilícito del servicio público (21), peculado (10), falsificación de documento (5) y por otros delitos (14). En total, han sido denunciadas 341 personas servidoras y ex servidoras públicas.
La UAJ también da seguimiento y coadyuva con el ministerio público en 315 carpetas de investigación, incluidas las pendientes de sexenios anteriores.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 218, 219 y 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de las investigaciones tienen carácter reservado y sólo pueden hacerse del conocimiento de las partes involucradas con ciertas limitaciones.
Impone desde amonestación hasta inhabilitación
Durante la actual administración, la SFP ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 personas servidoras públicas por conductas que constituyen faltas administrativas.
De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, las sanciones impuestas se dividen en amonestación privada (mil 126), amonestación pública (mil 321), destitución (478), inhabilitación (3 mil 108), sanción económica (594) y suspensión (mil 601).
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en el Registro de Servidores Públicos Sancionados únicamente pueden publicarse las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes.
En el registro no se publican las resoluciones de las personas que no han sido inhabilitados o cuyas inhabilitaciones no se han establecido como firmes, de acuerdo con el artículo 27 de dicha ley.
Por último, en esta administración, conforme lo establece la LGRA, la SFP ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, que deberá emitir, en su caso, la sanción correspondiente; 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las UR.
LPR
