Universidades jesuitas plantearon un protocolo ante la desaparición de personas, donde quien tenga conocimiento de un caso podrá recibir atención telefónica especializada, mientras se realiza la indagatoria preliminar, además, se brindará orientación legal y apoyo emocional.
Y es que, en el país hay 93 mil 404 personas no localizadas, por lo que es importante contar con medidas mínimas de atención.
La propuesta de protocolo surgió luego de la desaparición de un docente del Iteso de Guadalajara, y tardó más de un año de investigación y trabajo colegiado entre académicos, estudiantes y organizaciones civiles, la cual fue dada a conocer durante el Foro SUJ de Derechos Humanos 2021.
Dicho protocolo consiste en que una persona que tenga conocimiento de una desaparición reciba apoyo a través de una línea telefónica especializada al tiempo que las autoridades universitarias realizan la indagatoria preliminar. Al confirmar la ausencia de la persona, se brindará orientación legal y contención emocional al denunciante e iniciará el proceso de difusión.
Si el caso no se resuelve a la brevedad, la universidad contactará a un equipo interdisciplinario extraordinario para brindar un acompañamiento integral a la familia (si esta así lo acepta). En un tercer momento, la institución derivaría el caso a una instancia externa para continuar el proceso.
Para la integración del librillo se recopiló material documental a partir de lo establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de los conocimientos de los grupos ciudadanos en la materia, explicó la coordinadora del proyecto, Diana Araceli Pérez González.
Jalisco, estado con más desaparecidos
Por su parte, se destacó que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en desaparición de personas. Mientras que, regiones como Durango y Coahuila tienen como principales víctimas a adolescentes y jóvenes.
Es necesario recordar que, al recibir el Premio Zenger a la Libertad de Prensa en 2018, Carmen Aristegui aseguró que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para hacer periodismo. Aquella afirmación fue refrendada por la periodista en el Foro SUJ tres años después al señalar que la labor periodística envuelve a sus profesionistas en entornos de alto riesgo.
También fue recordado el caso del periodista Javier Valdez, quien se convirtió en referente de la investigación sobre el narcotráfico y murió por dicha causa, al igual que Miroslava Breach, quien fue víctima del narcoestado al que denunció durante años. Sus investigaciones revelaron la influencia del crimen organizado en el gobierno de su natal Chihuahua, fenómeno que cobró escala nacional con el asesinato de 102 políticos durante el periodo electoral del pasado mes de junio.
Para reporteros como Javier Valdez, el remate noticioso ha sido funesto. El sinaloense informó desde la transgresión de los límites de lo prohibido, convirtiéndose en referente de la investigación sobre el narcotráfico. A decir de la periodista, los poderes fácticos han sucumbido ante las organizaciones delictivas. “Informamos en un país en donde el poder real no son las autoridades electas, sino quien ejerce un poder criminal”.
GDLRP