¿Quién financió la privatización eléctrica? // Banca del Estado y ahorro de mexicanos // ¿Y la catarata de inversión extranjera?
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que le queja la cúpula empresarial por la afectación a la inversión privada foránea en el sector eléctrico que conlleva la iniciativa de reforma constitucional que en la materia promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta, dice, pone en gran riesgo el dinero de particulares (supuestamente 44 mil millones de dólares) comprometido en el gran asalto a la nación que significó la política neoliberal en este renglón, como en tantos otros.
Pero, más allá del vil chantaje de esa cúpula, en realidad, ¿de dónde salió buena parte de esos dineros comprometidos? El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aporta una pista: el financiamiento de las empresas que llegaron a desplazar a la CFE, organizados en monopolios privados, fue pagado por la banca de desarrollo (propiedad del Estado); no hubo inversión privada; usaron el dinero de las Afore (propiedad de los ahorradores nacionales) para financiar a estas empresas; entonces, cuando hablan de que no va a venir capital extranjero, pues no es cierto porque el capital mexicano estuvo muy presente en esos proyectos.
Algo más: el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) aportó 33 por ciento de los montos para financiar 64 proyectos privados en el sector eléctrico; Nacional Financiera (Nafin) destinó 50 por ciento para otros y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 37 por ciento, de tal suerte que los proyectos (particulares) de generación eléctrica derivados de la reforma energética del sexenio pasado (llena de marrullerías) no fueron realizados en todos los casos con inversiones que llegaran a México, sino financiados, para desplazar a la CFE, por la banca de desarrollo, recursos de las Afore y la banca comercial que opera en el país.
¿Cuándo detendrán a Ovidio?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a dos años del tentativo cerco y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del famoso jefe criminal apodado El Chapo, no se ha conocido ni se percibe intención institucional alguna de cumplir la orden de aprehensión ordenada por un juez, con fines de extradición a Estados Unidos, a la que sigue obligando esa entelequia conocida como Estado de derecho: ni el poder ejecutivo federal ha recompuesto su estrategia para intentar la captura del presunto delincuente requerido por el país vecino ni el poder judicial federal ha hecho extrañamiento o exigencia del cumplimiento de su orden abatida por la vía de los hechos.
Privilegiar vidas por encima de la aplicación de la ley fue el válido razonamiento pragmático del presidente de la República (primero señaló a su gabinete de seguridad como instancia decisoria de la liberación de Ovidio, que él había apoyado como hecho consumado, aunque después reconoció que la instrucción fue dada por él). Pero ese razonamiento circunstancial no debería constituirse, como parece suceder, en una aceptación tácita de la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con la ley en Culiacán, en particular, y en Sinaloa, en general.
La viabilidad y fuerza del Estado quedaron vulneradas en Culiacán el 17 de octubre de 2019, no solo por la forzada liberación de alguien requerido en septiembre de ese año por jueces de Estados Unidos sino por la serie de delitos graves que se cometieron en esa insólita resistencia extrema del Cártel de Sinaloa ante la pretensión de un grupo de élite del Ejército mexicano de hacer valer, mediante una estrategia diseñada con toda anticipación, la famosa orden de aprehensión con fines de extradición.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Rapidez y confiabilidad. La policía capitalina se está convirtiendo en un referente para el territorio nacional. En apenas unas horas, con apoyo de fuerzas federales, capturó a cuatro personas acusadas de participar en el ataque a un empresario el viernes pasado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la CDMX. El operativo fue responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina y personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, anunció los avances: dos detenidos relacionados con una banda de extorsionadores, secuestradores, narcomenudistas y ejecuciones por encargo. Fichitas en la Ciudad de México, no. Resultados ipso facto.
2. A entregar cuentas. No será cordial la comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ante el pleno de la Cámara de Diputados del próximo 5 de noviembre. Él afirma que “propiciará un diálogo institucional, respetuoso y constructivo con las y los legisladores y un intercambio de información para transparentar la ejecución de los recursos de la nación”. Confirmó su presencia en el encuentro con los legisladores para poder explicar el presupuesto que solicita el INE. Dijo que, “como constitucionalista, como titular de un órgano del Estado mexicano y como demócrata convencido de la necesidad del diálogo respetuoso entre instituciones”, había aceptado la invitación. En resumen, va por recursos que difícilmente encontrará.
3. Los sabios. En el 2022, el gobierno federal aumentará de forma considerable el endeudamiento del país, alertó el líder de los panistas, Marko Cortés. “El discurso del Presidente de que su gobierno funcionaría sin contratar un solo peso de deuda es otro engaño más a los mexicanos, pues el proyecto de Ley de Ingresos 2022 contempla un endeudamiento interno neto del gobierno federal por 848 mil 807 millones de pesos, 146 mil 681 millones más que en 2021”, dijo. Como él tiene otros datos, afirma que para la CFE viene un endeudamiento neto interno de hasta 4 mil 127 millones de pesos y uno externo de 794 mdd. Si tanto le saben, ¿por qué no sacaron adelante al país cuando tuvieron el poder?