Aunque en Puebla, hay esfuerzos interinstitucionales para combatir los problemas de violencia sexual y trabajo forzado que sufren las niñas en situación vulnerable, no hay una forma para evaluarlos ni saber si funcionaron por la falta de transparencia de los tres órdenes de gobierno.
Así lo indicó Roberto Rosete Guzman, académico de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J de la Universidad Iberoamericana de Puebla en entrevista con Ángulo 7, en el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora el 11 de octubre.
Señaló que el trabajo forzado, la violencia sexual, física y psicológica, que muchas veces llevan a los feminicidios, son algunos de los problemas que aquejan a las niñas en situación vulnerable, lo cual se intensifica por los obstáculos que hay al acceder al sistema de justicia, ya que les es difícil denunciar abusos por la falta de información y también, por los prejuicios por parte de las autoridades a raíz de las ideas machistas y misóginas de algunos de ellos.
Si bien, agregó, en Puebla hay mecanismos para hacer frente a este tipo de situaciones desde una perspectiva interinstitucional, se necesitan conocer para poder saber si tienen los resultados que se buscan, sin embargo no hay forma de monitorearlos y que la sociedad se dé cuenta si han servido, a causa de la falta de transparencia, tarea que le corresponde a los tres órdenes de gobierno.
Ejemplo de ello, comentó, es el Comité Interinstitucional para Combatir, Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil del gobierno de Puebla que, aunque ha tenido reuniones para atender este tema no ha habido resultados claros al respecto, “no hay formas idóneas para monitorearlos y evaluarlos desde la sociedad por la falta de información, de transparencia (…) es un problema integral de los tres órdenes de gobierno”.
Diseñar acciones desde la voz de niñez
Otro de los problemas de los problemas, sostuvo, es el diseño de los programas, los cuales en su mayoría se realiza sin tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes de Puebla, ya que aún se les considera como menores en riesgo y no, como individuos que tienen derechos, responsabilidades y voz propia.
“Desde un enfoque de derechos humanos ya no se le debe de ver a la niñez como personas inmaduras, sino reconocerlos como sujetos de derechos humanos que tienen responsabilidades acopladas para su edad, pero también capacidades para participar en la realidad en la que viven y planear sus proyectos de vida”, comentó.
Como ejemplo, puso “Protocolo de intervención interinstitucional para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle y cruceros del estado de Puebla”, por parte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes (Sipinna) de la Federación, del cual, aparte de que no se le ha dado la difusión necesaria, tampoco se puede saber si garantizó la participación y escucho la voz de la niñez que está en esta situación.
Cabe señalar que, según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), en abril pasado, Puebla es el séptimo lugar a nivel nacional con más desapariciones de niñas y adolescentes, mientras que, de acuerdo con el Inegi, en el estado, de 178 mil 986 niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años, 650 (.36 por ciento) se convirtieron en madres.
