Serio conflicto de interés enfrenta el rector de la Universidad de la Salud de Puebla
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que un inocultable conflicto de interés es el que enfrenta el rector de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), José Hugo Eloy Meléndez Aguilar, y su empresa Bupec Brain Upgrade Education & Consulting, de la que él y otros familiares suyos como su hijo Pablo César Meléndez Gámez son socios y directivos.
Hugo Eloy Meléndez es rector de la USEP y director académico de BUPEC; su hijo es profesor de historia y filosofía de la Medicina en la Universidad de la Salud, y gerente general de la empresa.
Yaneth Martínez Tovilla es secretaria académica de la USEP, y al mismo tiempo coordinadora académica de la empresa del rector y su hijo; lo mismo que la subdirectora académica de la Universidad, Flavia Marisol Aguilar Rivera, quien también trabaja en Bupec Brain Upgrade Education & Consulting como brazo derecho de Hugo Eloy Meléndez.
Pero lo más absurdo del caso es que tanto Yaneth Martínez como Flavia Marisol Aguilar son docentes con plaza de tiempo completo en la BUAP.
Este asunto no es muy diferente del denunciado por el gobernador Luis Miguel Barbosa sobre el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, y algunos de sus vicerrectores como Mónica Ruiz Herrera, de Administración, y Mario Vallejo Pérez, de Finanzas y Desarrollo Institucional, quienes al mismo tiempo eran socios de una empresa de asesoría al servicio de esa universidad privada, Sociedad Udlap Jenkins Graduate School.
Y San Alejandro, presidente, ¿cuándo?
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que fuentes regularmente bien informadas al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirman que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre tan generoso con los poblanos, tiene bien presente la necesidad de restituirle a los derechohabientes de esa institución los servicios médicos que proporcionaba el hospital de San Alejandro.
Entre derechohabientes y trabajadores del Seguro Social estalló la indignación hace unos días, cuando se creyó que el gobierno de la república, emanado de Morena, y los diputados federales de ese mismo partido político habían vuelto a dejar de lado, para 2022, la reconstrucción del nosocomio, gravemente dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Tres años han transcurrido ya sin que el gobierno de López Obrador encuentre la manera de resolver uno de los principales problemas de los poblanos asegurados en el IMSS, que se incrementó además con la crisis derivada de la pandemia por coronavirus: el hacinamiento.
A partir de la inhabilitación de San Alejandro, miles de usuarios de los servicios de salud que prestaba ese nosocomio fueron enviados a hospitales y unidades médicas que tuvieron que repartirse la carga de trabajo para atender a sus pacientes, en La Margarita, San José y Metepec, en Atlixco.
Aparece testigo que relata colusión entre los Jenkins y abogados para sacar 700 mdd del país
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que un importante trascendido indica que hace unos días apareció un testigo clave que, de ser cierta su información, le daría un vuelco a las acusaciones penales de lavado de dinero y delincuencia organizada que enfrentan 5 miembros de la familia Jenkins de Landa, pues habría aportado pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR) que apuntan a un supuesto contubernio con dos abogados para sacar del país alrededor de 700 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) y cuyas operaciones, habrían dejado a los litigantes una ganancia de unos 2 mil millones de pesos que, a su vez, se obtuvieron del patrimonio de la FMSJ.
La contribución del testigo que habló ante la FGR y al parecer también con la Unidad de Inteligencia Financiera es la misma narrativa que ya se sabe –menos el pago de los honorarios de los abogados— de como se transfirió el patrimonio de la FMSJ a dos paraísos fiscales, pero con el aporte de que presentó un documento que desnudaría el contubernio de los Jenkins de Landa con un despacho para hacer esas transferencias, mismo que sería una prueba mayúscula contra los acusados.
Según una fuente confiable ese testigo es muy cercano a uno de los dos abogados involucrados en este caso y que habría comparecido ante la FGR, en donde aportó un aparente contrato de prestación de servicios profesionales –ver copia— en donde los Jenkins de Landa pactan con los litigantes la manera en que los fondos de la FMSJ fueron trasladados a un par de paraísos fiscales.
Acuerdos sin cumplir
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que para que la nomenclatura panista aceptara a Antonio Gali Fayad como su candidato a la alcaldía en 2013, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle firmó un acuerdo con la dirigencia nacional del PAN y los yunquistas.
Espacios en candidaturas, puestos en el gobierno del estado y, sobre todo, posiciones en el gabinete de Antonio Gali Fayad, fueron los compromisos a los que llegaron morenovallistas y panistas en pugna.
Una comisión especial formalizó el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para impedir la ruptura en Puebla y respaldar el proyecto de candidaturas y alianza que pretendía el morenovallismo.
Todo quedó consignado en un documento en el que aparece cada acuerdo, con nombre y apellido. Lo mejor viene al final, pues estaba la firma del entonces líder nacional del PAN, Gustavo Madero, como garante del cumplimiento de los compromisos.
Al llegar el tiempo para aterrizar los acuerdos por la unidad panista, Moreno Valle y su grupo ignoró todo, cerró espacios a los panistas de El Yunque y ordenó la persecución del entonces edil saliente, Eduardo Rivera Pérez por la vía de sus cuentas públicas.
El portazo contra AMLO
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que al presidente le encanta ser el centro de atención, todo tiene que girar alrededor de Andrés Manuel, todo, excepto la rendición de cuentas, la transparencia y claro, los reclamos.
Después de mes y medio AMLO se apersonó en las zonas que más sufrieron con el paso del huracán Grace y ese desdén, aunado al lento, lento, lentísimo avance de los apoyos federales, ocasionó que los habitantes de varias localidades se apersonaran en dónde estaba el presidente para reclamarle.
El reclamo fue airado, entendido por el enojo y el coraje que acumulan los pobres que creyeron en sus palabras y en su proyecto de nación y hoy comprueban que López Obrador y Morena no son tan diferentes a otros partidos políticos.
