En 2019, el ayuntamiento de Pahuatlán afectó el predio de un habitante con el argumento de que fue para ampliar la dimensión de una calle, con lo cual los cimientos se debilitaron, generando un riesgo de colapso, por lo que ahora deberá realizar los trabajos de reparación.
Esto, de acuerdo con la recomendación 25/2021 de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), derivada del expediente 6777/2019, abierto tras la queja que presentó dicho poblador en la que acusó como responsables a las autoridades de la comunidad de Xolotla, junta auxiliar de dicho municipio.
El afectado señaló que en septiembre de hace 2 años una retroexcavadora se puso a rascar sobre la orilla de su predio y al acercarse al operador de la misma, éste le dijo que era para hacer más grande la calle, lo cual había sido una instrucción que le dieron en la presidencia auxiliar.
Ante esto, el poblador señaló que él no había dado algún permiso para hacer dichos trabajos, por lo que le pidió que se detuvieran, sin embargo, hizo caso omiso y continuó rascando hasta terminar de ampliar la vialidad.
Por ello, refirió que como consecuencia de las obras ejecutadas se debilitó su propiedad, quedando en riesgo de colapsarse, lo cual fue informado a las autoridades del ayuntamiento de Pahuatlán sin que hayan tomado alguna medida para reparar los daños provocados a su propiedad.
Al analizar el caso, la CDH pidió información a la Comuna, la cual trató de deslindarse de los hechos, con el argumento de que la junta auxiliar es un órgano desconcentrado y en todo caso era la autoridad subalterna la responsable de haber llevado a cabo los trabajos.
Sin embargo, la comisión señaló que, si bien su ejecución podría ser atribuible a los integrantes de los órganos desconcentrados de la administración pública municipal, lo cierto es que su supervisión y vigilancia si se encuentran directamente conferida al ayuntamiento respectivo, por lo que no puede hacerse como desatendido.
Debido a esto, el organismo autónomo emitió la recomendación 25/2021 a dicha Comuna, encabezada por la alcaldesa María Guadalupe Ramírez Aparicio, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión.
Tiene 15 días para hacer trabajos
Por ello, el ayuntamiento deberá realizar las obras necesarias para evitar mayores afectaciones al predio y reparar los daños causados como fueron el desplazamiento de tierra, grietas en la parte frontal y en los cimientos del inmueble, en un plazo de 15 días naturales una vez recibida la notificación.
Además de que se tendrá que abrir un procedimiento administrativo a través de la Contraloría Municipal contra los funcionarios involucrados, así como colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de la carpeta de investigación que se abra al respecto.
También, emitir una circular a través del cual instruya a los servidores públicos que se sujeten a actuar en el ejercicio de su función pública, y sean capacitados en materia de respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional.
