Cartas a Gracia
Las escuelas públicas del país se convertirían, por obra y gracia del Informe sobre el estado en el que se encontraría la infraestructura escolar para garantizar un regreso seguro a clases, en las actrices centrales de la trama anticovid. La investigación realizada por el SNTE y entregada a Delfina Gómez Álvarez, titular de la oficina educativa de la actual administración, el día 7 de septiembre según testimonia el Comunicado Conjunto publicado -aparentemente- el mismo día de la entrega. Llega para los efectos buscados, con un retraso de 7 días al inicio del ciclo escolar; no obstante, mas allá de los efectos publicitarios y aunque el informe guardara secrecía, un día después y mediante otro comunicado, el SNTE compartiría un escueto informe de resultados: “Llama SNTE a unir esfuerzos para subsanar necesidades en escuelas, 08 septiembre, 2021, Comunicado 30-2021”, Gracia.
El informe detallaría que “en un primer corte de la jornada, realizado al 31 de agosto, el SNTE encontró que 48 mil 667 escuelas registran necesidades urgentes de atender, entre las principales: algún problema de agua potable en 31 mil 352 escuelas, rehabilitación de red hidráulica en 24 mil 588, sustitución de 44 mil 243 tinacos, conexión o rehabilitación de drenaje en 21 mil 100, rehabilitación de 26 mil 5 cisternas, sustitución o rehabilitación de 26 mil 476 bombas de agua, sustitución o rehabilitación de 32 mil 393 llaves de agua, instalación o rehabilitación de 27 mil 240 puertas y reposición de 25 mil 65 vidrios”; deficiencias que impedirían que esas instituciones ubicadas en lugares desconocidos, hubiesen reiniciado labores el 30 de agosto pasado.
Si el informe del censo levantado se hubiese realizado con un rigor metodológico suficiente, sustituiría a los datos consignados -en su momento- por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa e incluso a los que presenta la subsecretaría de planeación de la SEP en los apartados Metas para el Bienestar y Parámetros del Programa Sectorial de Educación 2020-2024; Objetivos para el Desarrollo Sostenible 4, Garantizar una Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad y Promover oportunidades de Aprendizaje Permanente para Todos; Servicios Básicos, Infraestructura y Equipamiento Escolar Indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, publicadas en el compendio estadístico “las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020”, o bien, a otros desarrollados por algunas secretarías de educación locales que permitían conocer información de la infraestructura escolar “en tiempo real” (georeferenciación).
Los datos difieren de los denunciados en el mes de mayo por Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevista con Excélsior -publicada el 14 de mayo- señalaría que entre el 40 o 50% de los planteles, habrían sido víctimas de la delincuencia (shorturl.at/rDFG8) y pondría números a los porcentajes: entre 86 mil y 108 escuelas públicas y, aunque pareciera cuestión de chiste, abundaría que se robarían, entre otros enseres: “cableado eléctrico, ventanas y puertas, tazas de baño, computadoras y pantallas de televisión”, a los que se les sumarían mobiliario escolar, focos, estantería y, en algunos casos, hasta la loseta, incluidos “daños en paredes, puertas y rejas con grafiti”. Todo producto del abandono de la infraestructura originado por la orden de enclaustramiento decretada por las autoridades educativas el 23 de marzo del 2019; cierre forzoso del que no se salvaron niñas, niños, jóvenes y adolescentes, madres, padres de familia y tutores, personal directivo y docente, personal de apoyo y asistencia a la educación, sin que a ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno se le ocurriera organizar rondines comunitarios o contratar seguridad pública.
Los datos “no más no cuadran”, y eso que tan solo transcurrirían tres meses entre los números y los porcentajes aportados por Cepeda a mediados de mayo y los entregados a la titular del despacho educativo el 8 de septiembre. La diferencia podría explicarse -especulando- que los primeros corresponderían a una estimación inicial presuntamente inflada y que se habrían vertido como una medida de presión ante las expectativas que generaría el retorno a clases presenciales; o bien, que madres y padres de familia que realizaran trabajo voluntario se habrían aplicado, subsanando algunas deficiencias que presentaría la infraestructura escolar, aunque muchas de las reparaciones, enseres, equipo de cómputo -incluidas pantallas y monitores-, pudieran adquirirse cuando la economía de las familias mejore.
Sin embargo y al margen de los datos, el evento cumpliría con algunos fines “ocultos”: presumiría la cercanía que existe entre el gremio magisterial y las autoridades educativas federales, por una parte, sin importar la opinión y los cuestionamientos de la CNTE, y, por otra, mostraría a una jefa de la oficina educativa sensible, proclive y comprometida que daría “seguimiento” a los entuertos planteados para “garantizar, con el apoyo de las autoridades educativas locales, entornos adecuados para el desarrollo de las actividades escolares presenciales”. Y, como despedida el Comunicado conjunto, destacaría el llamado de Cepeda para “unir esfuerzos […] subsanar deficiencias y desigualdades” al tiempo que lanzaría loas “a los trabajadores de la educación por su compromiso y vocación de servicio para no detener la marcha de la educación de niños y jóvenes”. Por declaraciones no paramos; no obstante, la reparación de la instalaciones y la sustitución del equipo robado, requieren un presupuesto adicional de manera urgente, que no deberían asumir madres y padres de familia.
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