La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, según la cual se requiere de mayoría calificada en el Congreso de la Unión para iniciar un proceso contra el presidente de la República.
En cuanto a los desafueros o declaraciones de procedencia contra funcionarios estatales, por parte de la Cámara baja, establece que serán enviados a los Congresos locales para que procedan en “estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados”.
Tras una discusión que se prolongó desde la noche del miércoles hasta la madrugada de este jueves, el dictamen del proyecto de decreto quedó aprobado por 266 votos a favor y 206 en contra, por lo que se envió al Senado para su discusión y eventual votación.
La nueva ley busca derogar la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que actualmente regula las dos figuras existentes para sancionar a funcionarios públicos: la declaración de procedencia (desafuero) y el juicio político.
En ambos casos, la Cámara de Diputados puede recibir las denuncias para someter a juicio político a gobernadores, diputados federales o locales, integrantes de los Poderes de Justicia local, miembros de organismos autónomos y el presidente de la República.
Si el juicio político es procedente, la sanción incluye destitución o inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Prevén impugnación ante SCJN
Durante la discusión del dictamen, causó polémica el bloqueo de las reservas presentadas por diputados de los partidos de oposición –PRI, PAN, PRD-, así como admisión de última hora de modificaciones por parte de los aliados de Morena.
La oposición presentó 50 reservas, pero ninguna fue aceptada. Morena planteó una para que magistrados electorales locales también puedan ser enjuiciados, pero tampoco pasó.
El PT presentó otras 14 reservas y se aceptó de última hora una planteada por el diputado Gerardo Fernández Noroña para establecer que en caso de juicio al presidente se requerirá mayoría calificada de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes, así como del Senado.
