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Cartas a Gracia

Como me comentas Gracia, el regreso a clases presenciales se ha convertido en un asunto que ha polarizado la opinión de madres, padres de familia, maestras y maestros, organizaciones sindicales (aunque la CNTE pondere su membresía como una corriente de expresión del SNTE), autoridades federales y locales, medios de comunicación y redes sociales, al margen de la opinión que pudiesen verter los doctos en la materia; aunque, a través del Boletín SEP no. 181 manifestara: “Publica SEP acuerdo con las disposiciones para reanudar actividades de manera presencial en el Ciclo Escolar 2021-2022” y difundiera las directrices establecidas en el “Acuerdo número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 […]”; título que se alarga ocho renglones más y de cuyo texto se resaltarían algunas disposiciones en torno al próximo ciclo escolar.

Publicado el pasado 18 de Agosto, estaría acompañado con un golpe de mano expuesto en las Motivaciones del acuerdo y mediante el que recordaría que la “rectoría de la educación” le corresponde al Estado, entidad que priorizaría “el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos (Motivación IV, Acuerdo número 23/08/21), apunte dirigido a las y los docentes y sus organizaciones, sin dejar de lado a madres, padres de familia y/o tutores.

El Acuerdo de referencia publicado el 18 de agosto estaría acompañado por un manotazo dado por quien firma el acuerdo mediante el que se recordaría -con énfasis en las y los docentes y sus organizaciones sin dejar de lado a madres, padres de familia y/o tutores-, que la “rectoría de la educación” le corresponde al Estado; entidad que priorizaría “el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos (Motivación IV, Acuerdo número 23/08/21). Las Motivaciones tal vez reconocerían -si el orgullo o si las críticas a Esteban Moctezuma lo permitieran-, la falta de acceso equitativo a los recursos digitales- que “el Estado debe ofrecer a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje“, lo mismo que la diversidad sanitaria que mostraría el semáforo epidemiológico y que les permitirían ya reconocer que tras casi 18 meses de escuelas cerradas “es imperante brindar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de manera focalizada y regionalizada”

El Acuerdo alabaría a las y los docentes, sin diferenciar entre iguales y homologando a los desiguales señalando: “Que el mayor esfuerzo realizado contra el virus SARS-CoV2 en el Sistema Educativo Nacional lo llevaron a cabo las y los docentes, al generar y buscar mecanismos de comunicación entre ellos y los educandos y, de esta forma, garantizar los aprendizajes y conocimientos necesarios […]”, menospreciando a quienes en casa se comportarían como unas verdaderas heroínas, supliendo a maestras y maestros. Reitera en la Motivación XIII, descargando de culpa a quienes alaba “Que debe brindarse certeza jurídica y claridad para aquellos educandos que, a pesar de todos los esfuerzos invertidos y coordinados de las y los docentes […]” no adquirieron los aprendizajes esperados, quizás, por culpa del destino y de la falta de computadoras, señal de internet, teléfonos inteligentes suficientes, dinero para recargas; aunque señala en el numeral XV, que la SEP realizó su chamba “por lo que se generaron condiciones para que las y los trabajadores al servicio de la educación estén en condiciones de realizar su labor en el esquema presencial en su lugar de trabajo, considerando las indicaciones de las Autoridades Sanitarias”; decisión avalada los días 12 y 13 de agosto, según estipula el Consejo Nacional de Autoridades Educativas quienes acordarían “diversas acciones y estrategias para un regreso a clases presencial de forma responsable y ordenada en los tres tipos educativos”.

Las Motivaciones del Acuerdo apuntarían a una expresión pública que se atribuyera a la Secretaría de Salud; opinión mediante la que esta dependencia -en funciones de educador sustituto- manifestase que (Motivación XVII) la educación se catalogaría como una actividad prioritaria y esencial, lo que permitiría que se pudiese regresar a las aulas aunque el semáforo se tiñese de rojo, “en términos del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2021”, que le posibilitaría que la administración pública cumpliese con “un derecho humano fundamental que trasciende en la vida de cada persona […] salvaguardando la integridad de las y los miembros del Sistema Educativo Nacional”.

En abundancia, el jueves 19 de agosto, Luis Fernando Carrera Castro representante de la Unicef en México, señalaría que “acompañarían” a la administración “en este gran desafío”, en el que “casi 37 millones de esos 150 millones de niños que no ha vuelto a clases desde hace 18 meses”, regresen y prometería, probablemente a cambio de pingues contratos, que el organismo “cooperaría en cuatro frentes”: desarrollo de los protocolos, monitoreo de la situación de los centros educativos, comunicación (asertiva), recuperación de aprendizajes y de la salud emocional de niñas y niños, actividades propias de la SEP ¡que lamentable!

En el mismo tenor, caminarían las intervenciones del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y de la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y de las que abundaré en la carta que te enviaré el próximo lunes; sin embargo, los temas sobre la violencia intrafamiliar agravada por el encierro cuasi forzoso y el deterioro de la salud emocional de las y los educandos, fundamentarían –seguramente- las Motivaciones que originaron el manotazo dado por la autoridad educativa. Motivaciones para curarse en salud Gracia.

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