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A Puerta Cerrada | Un aliado en gestación contra Claudia

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que Eduardo Rivera Pérez podría convertirse en el aliado que el gobernador Miguel Barbosa ha esperado para llevar a la justicia a Claudia Rivera Vivanco y algunos de sus colaboradores después de que concluya la administración municipal, lo que ocurrirá el 14 de octubre.

Para que el presidente municipal electo pueda contribuir a los deseos del mandatario estatal, quien tiene la certeza de que Rivera Vivanco ha incurrido en excesos y desaseo en el manejo de los recursos públicos, tendrían que suceder dos cosas.

Una, que el panista encuentre no solo indicios, sino evidencia de que la administración de la edil emanada de Morena haya cometido desvío de recursos o desfalco al erario durante su paso por el ayuntamiento, y dos, que tenga la suficiente disposición política para colaborar con Miguel Barbosa en una tarea de esa naturaleza en contra de su antecesora.

Hasta ayer, ambas condiciones, favorables para el gobernador, parecían figurar en el escenario futuro de Rivera Pérez.

Eso debería preocupar y ocupar a la presidenta municipal que buscó sin éxito la reelección.

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Camarillo prefirió pagar a 5 grupos de golpeadores en lugar de liquidar adeudos a la estructura electoral del PRI

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que el clima de malestar de la mayoría de los 52 miembros de la estructura electoral del PRI ha venido escalando porque frente al discurso de austeridad del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido, se han percibido supuestos gastos extraordinarios del presidente de esta fuerza política, Néstor Camarillo Medina, lo cual indica que tiene dinero para fiestas, financiar grupos de choques y garantizar su reelección como dirigente del tricolor, pero no para pagar la larga lista de adeudos que se tiene con quienes fueron una parte fundamental del tricolor el día de los comicios del pasado 6 de junio.

Uno de esos gastos onerosos, que ha provocado un fuerte agravio entre quienes forma la estructura electoral priista, fue la contratación de unos 200 “porros” que, desde Puebla, habrían sido enviados para provocar actos de violencia en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el pasado 29 de junio. La historia es la siguiente:

Dos semanas después de los comicios del 6 de junio, el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien encabeza la única corriente crítica del PRI, inició un plantón frente a la sede del CEN tricolor, en exigencia de la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional del partido, por los pésimos números que esta fuerza política obtuvo en las pasadas votaciones.

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Van por el otro modelo de negocios inmobiliario

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la investigación que ordenó el gobernador Luis Miguel Barbosa a todo el esquema notarial y registros de la propiedad sacudirá al sistema poblano.

La razón es muy simple. Se creó todo un modelo de negocios para el despojo del patrimonio de familias en aras de desarrollos inmobiliarios.

Claro, solapados por notarios y registradores públicos. Ahora se les aplicará la Ley y aquellos que incurrieron en prácticas de corrupción serán castigados.

Ahí está el caso de notarios, como el de Tepeaca, Paulo Javier Rodríguez Cantellano, quien lo mismo validaba despojos como en Huachinango con el centro Narconon y el morenovallista Diego Corona, que falsificaba firmas para quedarse con casas y terrenos en todo Puebla.

O el negocito que trae la familia Posada Cueto (Lomas de Angelópolis) con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, en tiempos de Rafael Higueras Lozano.

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La guerra de las palmeras

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que Faltan menos de dos meses para que la administración de Claudia Rivera fenezca, pero el gobernador Miguel Barbosa ayer dejó claro que ese no es motivo ni razón para dejarla hacer su voluntad.

Una supuesta demanda ciudadana terminó por ser la nueva razón de encono entre las administraciones estatal y municipal con un nuevo aderezo, un raspón para Lalo Rivera Pérez quien aún no recibe formalmente la estafeta pero ya fue colocado en el ring.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la poda de 14 palmeras respondió a acciones solicitadas por los capitalinos, argumentando que las palmeras estaban “muertas en pie” desde hace años, sin embargo el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), clausuró las acciones en el Barrio de Analco por provocar un “severo desequilibrio ecológico”.

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