En el Congreso local, se busca castigar con 12 años de prisión a quienes roben medicamentos para venderlo en el mercado negro, así como aplicar la misma pena si quienes lo hacen son servidores públicos, a lo que se sumará una inhabilitación de 10 años.
Lo anterior, a propuesta de la diputada morenista, Vianey García Romero, quien presentó una iniciativa durante la sesión de la Comisión Permanente, que fue de forma virtual, para reformar la fracción XXV y adicionar la XXV Bis al artículo 380 del Código Penal del estado.
La legisladora recordó que el mes pasado, se registró el robo de medicamentos e insumos médicos en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Amalucan, sin que a la fecha se conozca si hubo detenidos por estos hechos.
Sostuvo que este ilícito representa un riesgo para la salud pública porque estas medicinas son comercializadas en el mercado negro, además de que algunas son controladas lo que aumenta la posibilidad de afectar las personas que los consumen, como los enfermos de diabetes.
Dijo que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), durante 2020 se registraron 250 robos de medicamentos en el país, además de que se disparó 82.5 por ciento, lo que se traduce, en el mercado negro, hasta en 1 mil 500 millones de dólares.
Por ello, Romero García comentó que con esta iniciativa se busca que quienes cometan este delito sean sancionados con 12 años de prisión y que, en caso de que se trate de servidores públicos, aprovechándose de su cargo, empleo o comisión, se les imponga igual 10 años de inhabilitación para desempeñar un cargo.
Detalló que se han dado quejas por parte de los derechohabientes que los servidores públicos extraen los medicamentos para poner sus propias clínicas privadas, consumo propio o en el mercado negro, por ello la iniciativa se tunó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis.
Piden garantizar salud a huérfanos por Covid
Por otra parte, los integrantes de la Comisión Permanente aprobaron exhortar al gobierno estatal para que se implementen políticas públicas en favor de menores que perdieron a sus padres o tutores a causa de la pandemia del Covid-19, con el fin de asegurarse que cuenten con la salud física y mental, continuidad educativa y la garantía de que contarán con una subsistencia económica para su desarrollo.
Asimismo, aprobaron una petición para que la Secretaría de Salud realice campañas de concientización sobre la importancia que tiene el uso del cubrebocas y la implementación constante de medidas sanitarias, principalmente en los niños poblanos.
Esto, porque recordó que inicio de la pandemia el año pasado, se dijo que los niños no se contagiaban, pero ahora con la tercera ola son los más susceptibles a esta enfermedad, por lo que es necesario que se contribuya a disminuir los riesgos del virus.
