Castigar a implicados en tortura contra Lydia Cacho: ONU a Estado
Castigar a implicados en tortura contra Lydia Cacho: ONU a Estado. Foto: Especial
Castigar a implicados en tortura contra Lydia Cacho: ONU a Estado
Castigar a implicados en tortura contra Lydia Cacho: ONU a Estado. Foto: Especial

El Estado mexicano debe realizar una investigación exhaustiva sobre la tortura de la que fue víctima la periodista Lydia Cacho Ribeiro, así como procesar, juzgar y castigar a los responsables, pidieron la ONU-DH y la ONU Mujeres tras la exoneración de Kamel Nacif Borge.

A través de un comunicado, emitido tres días después de que se supo que el empresario fue exonerado del delito de tortura contra la periodista, ambos organismos de la ONU señalaron que los poderes judiciales, federal y estatal deben dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso, aprobado desde el pasado 17 de julio de 2018.

Dicho documento señaló que el Estado había violado el derecho de acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y no discriminación en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personal, así como el respeto a la libertad de expresión.

Asimismo, determinó que los tratos de los que fue víctima la periodista tuvieron un objetivo discriminatorio por razón de sexo, debido a los comentarios sexuales vertidos, trato sexualizado y violencia de género infligida por parte del empresario y “altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla”.

Por ello, desde 2018, urgió a las autoridades a castigar con penas adecuadas a los responsables del delito de tortura, así como adoptar medidas para evitar más violaciones semejantes en el futuro favoreciendo así a periodistas y defensores de derechos humanos.

Lo anterior, porque es obligación del Estado garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, hasta el momento solo el exgobernador Mario Marín Torres está en prisión, en el Centro de Reintegración Social (Cereso) Benito Juárez, en Quintana Roo, mientras que el empresario Nacif Borge -otro de los implicados- fue exonerado del delito, en tanto, el exjefe de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán, pidió la suspensión de la orden de aprehensión en su contra por el caso, además de que se desconoce su paradero.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *