Pero qué necesidad
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que en lo que parece el último intento de la presidenta municipal saliente de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y su grupo político, por tratar de mantener algún coto de poder o influencia sobre la capital del estado, su administración publicará en los primeros días de agosto una convocatoria para renovar las mesas directivas de casi una centena de colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales.
La intención de Claudia Rivera y algunos de sus operadores políticos como el ex secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, es más que predecible: sembrar cuadros suyos en las mesas directivas antes de entregar el ayuntamiento de Puebla.
El riesgo que lleva, ahora que su administración está desgastada, vilipendiada y deslegitimada por la derrota electoral y las campañas mediáticas que la señalan como corrupta, ineficiente e indolente, es que la vuelvan a barrer como ocurrió en los comicios del primer domingo de junio.
Y el escenario no es nada descabellado, sobre todo, si Eduardo Rivera y sus futuros secretarios, entre los que figura Enrique Guevara Montiel, quien se perfila para encabezar la Secretaría de Gobernación Municipal, se meten de lleno a este proceso de renovación de 18 mesas directivas cuyo periodo ya feneció, y de 75 que estarían concluyendo entre octubre y noviembre de 2021.
¿Con quién va a tratar de jalar los candidatos de mesas directiva de colonia, fraccionamiento o unidad habitacional que se postulen: con las autoridades que se van o con las autoridades que entran?
La maldita justicia que nunca llega
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que al estilo de la mafia siciliana existe un pacto de silencio o una omertá en torno a las redes de trata de personas y de pornografía infantil –controladas por la llamada mafia libanesa– que abarca hasta las altas esferas del Poder Judicial federal. Eso explica el fallo del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo que absuelve a Kamel Nacif Borge, mejor conocido como “el rey de la mezclilla”, del delito tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, bajo los criterios de que nunca se violaron los derechos humanos de la agraviada, no hubo abuso de poder y nunca hablaron de ella el empresario en cuestión y el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en las grabaciones que el 14 de febrero de 2006 detonaron el llamado Lydiagate.
Es algo muy parecido a que la que ha ocurrido con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, existe un pacto de silencio que lleva a que jefes de la mafias del narcotráfico, policías y jueces corruptos, así como políticos del gobierno peñistas, todos se coludan para que no se sepa el destino que tuvieron de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De nada ha servido la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de querer llegar a la verdad del caso Ayotzinapa y de intentar acabar con la impunidad que ha envuelto al caso de Lydia Cacho Ribeiro, pues al final el Poder Judicial es una barrera de protección, de contención, que frena todos los buenos propósito de la 4T y los reclamos de justicia que hay en el país.
La ruta de Obses en Puebla
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que en la ruta de las indagatorias contra Luis Cárdenas Palomino, quien favoreció a la proveedora Obses de México para abastecer en el país equipos de espionaje, aparece en el trayecto el gobierno morenovallista de Puebla.
Gustavo Cárdenas Moreno, contratista de la Secretaría de Seguridad Pública fue el responsable de vender a Puebla el sistema de vigilancia.
Es ya investigado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, pues utilizó –junto a la firma Balam Security- paraísos bancarios, mediante la intermediación del despacho de Panamá, Mossack Fonseca.
Cárdenas Fuentes entró en contacto con la oficina de Mossack Fonseca en Miami en julio de 2015 a través de D’Orleans, Bourbon & Associates, despacho que opera en Florida y la Ciudad de México, donde no tiene existencia legal.
En marzo del 2014, la revista Proceso documentó que por la vía de Balam se acercaron a la empresa Hacking Team para desarrollar el programa de espionaje a servicio de la Secretaría de Marina, entonces PGR, el Cisen, la Policía Federal y los gobiernos del Estado de México, Chiapas, Baja California, Michoacán y Puebla.
Superdelegados, a operar
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que una nueva consigna tienen los representantes del gobierno federal en los estados de la República y es considerada como prioritaria para los intereses del presidente López Obrador.
Son ya los encargados de la operación de recursos materiales y humanos para tratar de maximizar la participación ciudadana en la consulta del próximo domingo 1 de agosto.
Aquella en donde, de acuerdo a la pregunta planteada, hay posibilidades de juzgar a cualquiera que haya desempeñado un cargo público “en el pasado”, pero que en el discurso y la propaganda oficiales, se vende como un ajuste de cuentas en contra de ex presidentes.
El reto no es menor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, para que esta consulta sea “vinculante”, es decir, para que tenga valor jurídico o legal, es necesario que acudan al llamado hecho por el gobierno federal por lo menos el 40% del total de inscritos en el padrón electoral nacional.
Mier y morenos, entre el descaro y la complicidad
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que cuando pensé que las cínicas declaraciones del diputado Ignacio Mier serían el colmo, me sorprendió la noticia sobre la intentona de Morena para “desaparecer” el tema de los desafueros de dos impresentables: Saúl Huerta y Mauricio Toledo.
Luego de oponerse a un periodo extraordinario, el morenista y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, propuso un “ligero” cambio en los temas que se abordarían en el tiempo extra.
A juicio del morenista, existen temas urgentes para convocar a sus pares como la ratificación de Rogelio Eduardo Ramírez de la O, como secretario de Hacienda y Crédito Público. Un asunto que obviamente está solicitado desde el Palacio Nacional.
Sin embargo, las solicitudes de procedencia, que retirarían el fuero a los diputados acusados por abuso sexual de menores y enriquecimiento ilícito, esas no son lo suficientemente importantes como para molestar a los legisladores con un periodo extraordinario.
Así, de un plumazo, el chiapaneco Bonifaz Moedano, busca cumplirle el capricho a AMLO al tiempo que puedan, una vez más, proteger a sus colegas de la 4T.
