SAT reporta despidos en todo el país y asegura que se apegarán a ley
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SAT reporta despidos en todo el país y asegura que se apegarán a ley
Suspende SAT permisos para importar combustible a empresa de hijo de Chidiac. Foto: SAT

Las comercializadoras de energéticos de Puebla, Grupo Potesta –cuyo socio es Jorge Bechara Estefan López, hijo de Jorge Estefan Chidiac— y Jag Energy Company fueron suspendidas por el SAT del Padrón de Importadores y Exportadores Sectorial por incumplir requisitos de comercio exterior.

Entre ellos, señalar los medios por el que se transportará el combustible y la ubicación física de las instalaciones o equipos de almacenamiento; anexar el contrato celebrado con los laboratorios nacionales o extranjeros registrados ante la Secretaría de Economía y que coincida el pedimento de importación con lo entregado.

Tanto Grupo Potesta como Jag Energy Company tienen su domicilio social en Puebla capital, esta última, tiene como socios al empresario poblano Giovanni Prosperi Osorio y Julio Alfonso Garibay Larios, quien en 2018 fue acusado de fraude.

Ambas empresas están en la lista de 82 contribuyentes suspendidos del Padrón de Importadores y Exportadores al corte del pasado 16 de julio, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Grupo Potesta se ubica en el municipio de Puebla y tiene como fecha de inscripción el 25 de noviembre de 2016, con una duración de la sociedad “indefinida”.

Por su parte, en su página oficial, señala que es una empresa mexicana especializada en la importación, logística y comercialización de combustibles, encargado del suministro de las necesidades de combustibles como gasolina, diésel, combustóleo, gas avión, turbosina, entre otros.

Como socios de la firma figuran José Pedro Sánchez Campos, Mario Behar Vantolra y Jorge Bechara Estefan López, hijo del diputado electo priista Jorge Estefan Chidiac.

En 2018, versiones periodísticas señalaron que, bajo el amparo de dicha empresa, que compra y vende combustible, habría operaciones relacionadas con el huachicol.

Alfonso Garibay, socio de Jag Energy

Respecto a Jag Energy Company, el Registro Público de Comercio arrojó que fue inscrita el 25 de julio de 2016 y una duración de la sociedad de 99 años. En su página oficial, se cataloga como una organización con amplia experiencia en el sector energético, principalmente en la industria de servicios petroleros, importación y distribución de productos derivados de esta sustancia.

Hace tres años, Garibay Larios fue acusado de fraude luego de que ofreció combustible importado a bajo precio respecto al mercado de combustible de esa fecha, pero tras recibir el dinero, quedó en incertidumbre la fecha de entrega del producto, pues el vendedor dejó de atender las llamadas de su cliente.

Otros requisitos que deben cumplir las empresas importadoras son estar inscrito y activo en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tener un domicilio fiscal “localizado” en el RFC, tener un agente aduanal, apoderado o representante legal que realice las operaciones de comercio exterior, así como no encontrarse en la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones y emiten facturas apócrifas.

Por su parte, una regla de la Secretaría de Energía (Sener) para empresas de esta índole es contar con infraestructura para almacenar los combustibles.

Del total de 82 firmas, 58 se encontraban en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y 24, en el Padrón de Importadores, el de Importadores de Sectores Específicos y el de Exportadores Sectorial, siendo en esta sección donde se encontraban los de Puebla.

El SAT señaló que la suspensión se realizó en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), donde indicó que ésta propiciará una mayor certeza jurídica respecto al cumplimiento de las obligaciones de las personas físicas y morales relacionadas con las importaciones y exportaciones en el sector energético.

Es necesario destacar que la actual administración federal emprendió acciones en contra de actores del sector privado que han tenido adeudos con el gobierno, pues ponen en riesgo las finanzas.

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