El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa denunció ante la FGR al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y a la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, por desacatar su orden de garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer.
Lo anterior, por determinación Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la cual derivó del juicio de amparo que interpuso la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (Amohp).
Dicha organización obtuvo una suspensión contra el esquema federal de adquisición y distribución de medicamentos oncológicos, tras alegar que este impedía la atención médica debida y urgente requerida por menores de edad, pacientes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Sin embargo, acusó que las autoridades federales no acataron el fallo judicial, por lo que el 25 de agosto de 2020, la Amohp interpuso incidente por “exceso o defecto en el cumplimiento” a la suspensión de plano respecto de los efectos concedidos por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
De esta manera, el tribunal ordenó al juzgado que otorgó la suspensión “procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación”.
Salud y de Hacienda rechazan responsabilidad
Por su parte, las secretarías de Salud y de Hacienda negaron ser las responsables del abasto de medicamentos a los hospitales públicos, no obstante que, a inicios de 2020, las compras del sector salud estuvieron a cargo de la Oficialía Mayor.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa presentó la denuncia penal el 16 de julio de 2021 ante la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá integrar la carpeta de investigación y, si no presenta cargos, deberá justificarlo ante el órgano jurisdiccional.
El delito de desacato a una suspensión es sancionado por el artículo 262 de la Ley de Amparo con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
LPR
