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El jueves 15 de los corrientes, en la mañanera Gracia, se anunciaría que: «El regreso a clases presenciales para el próximo ciclo escolar es necesario y se “concretará en definitiva, no hay nada que lo impida”» (shorturl.at/fgB14); disposición de política educativa que, de inmediato, generaría resabios por parte de quienes exigen un regreso a clases seguro -determinado por el semáforo epidemiológico y por la vacunación universal-, actores del que hacer educativo, y que de acuerdo a reportes de algunos medios de comunicación, tildarían la medida como “más política que educativa” (shorturl.at/itvF9). Más tarde, la medida sería matizada mediante el señalamiento de quien dicta las conferencias matutinas “puede quedar como una opción, sí, puede quedar como opción, como alternativa, sí, para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar, porque también una cosa, es decir: vamos a abrir las escuelas, y otra cosa es: vamos por la fuerza a abrir las escuelas” (shorturl.at/xAFK1).

No obstante, a la oposición, otros sectores como el Movimiento Unido por la Educación Particular se pronunciarían por un regreso a clases de manera híbrida ajustada a las condiciones que marca el desarrollo de la pandemia; al tiempo que, otras organizaciones, como la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), instarían a la apertura de las escuelas y alertarían sobre los daños generados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (https://bit.ly/3kt13JG). Daños como el rezago en el aprendizaje de los saberes esperados, la inequidad en el acceso a las herramientas digitales, las afectaciones económicas que provocan a la economía familiar, las repercusiones socioemocionales generadas por el aislamiento y el incremento de la violencia intrafamiliar, entre otras.

Sin embargo, la discusión en torno al regreso a clase se ha politizado de tal suerte que, la opinión de las comisiones de salud, educación, de las autoridades de las organizaciones internacionales, habrían quedado relegadas y subordinadas a los intereses de madres, padres de familia, maestras y maestros que exigen retornar a las escuelas, cuando se cuente con “las condiciones epidemiológicas adecuadas, y cuando se garanticen que las escuelas cuenten con la infraestructura e insumos básicos para establecer las medidas de higiene“. Personal docente y directivo extenderían su exigencia, al arreglo de todas las deficiencias que presenta la vieja infraestructura escolar y pretenderían ir más allá de la rehabilitación de los espacios escolares que están abandonados y saqueados tras diecisiete meses de suspensión de labores, decretada el 23 de marzo del 2020, a la solución de problemas estructurales que requieren una fuerte inversión gubernamental; cuestión que el ejecutivo federal plantearía resolver recurriendo al auxilio moral y material que, como siempre, quisiesen prestar -léase obligatoriamente- madres y padres de familia.

Una ruta similar pretendería adoptarse para resolver el conflicto que tiene enfrentados a la Usicamm por un lado y, por otro, al SNTE y a maestras y maestros que habrían solicitado; o bien, ingreso al servicio de carrera para maestras y maestros y/o algún tipo de promoción, agudizado por la denuncia de “ataques informáticos al Sisap en el proceso de selección para la admisión en Educación Básica” (Boletín SEP no. 152. Julio 14 de 2021) y el espantajo de cancelación que afectaría a “68 mil 596 registros comprometidos en el instrumento de valoración lo cual afecta la validez de los resultados [… y] analiza la posible aplicación de un nuevo del instrumento de valoración”. En tanto que quienes representan al gremio y al personal docente inconforme, no cejan en la exigencia para que la Unidad asuma su responsabilidad e investigue los desaguisados que les tiene enfrentados y entre los que se contarían: la venta del examen de promoción vertical por alguien -presuntamente- vinculado a Usicamm, las conductas atípicas y los 5 787 resultados coincidentes, tema que abordamos en la carta que te envié la semana pasada.

La solución al diferendo parecería centrarse, según Usicamm Gracia, en la colaboración de buena fe y en recomendaciones “morales” que buscarían el buen comportamiento del personal docente sujeto a evaluaciones, evadiendo cualquier asomo de responsabilidad derivada de los señalamientos formulados por el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque reconocería en voz de Piña Bernal “que los docentes están en su derecho de presentar una queja” (https://bit.ly/3z8zt8G), derivando la culpa hacia su proveedor de servicios de informática; la UNAM, institución que al parecer se encuentra al margen, ya que solo la facultad de Psicología prestó el servicio aludido.

¿De quién sería la responsabilidad y de quién la trampa? Merecería saberse Gracia. Por encima de los llamados a comportarse con ética y no hacer trampa se encontraría, no sé si coincidas con lo escrito, una institución que excluye a la organización de los eventos de promoción e ingreso a su contraparte, pero fundamentalmente a las maestras y los maestros.

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