Fisco e industria automotriz // Exigua contribución tributaria // Cananea: entripado de Larrea
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que resumida como la gran industria mexicana, la automotriz es, es realidad, fundamentalmente extranjera, porque alrededor de 20 trasnacionales del sector han hecho de México su paraíso, no solo por la voluminosa exportación de lo aquí armado, sino por el generosísimo trato fiscal que recibe, dadas las ínfimas tasas tributarias efectivas que pagan: entre 1.4 y 4.9 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR), al cierre de 2019. Si se añade el componente salarial (en detrimento de los trabajadores, desde luego) las utilidades de esos consorcios se van a las nubes.
En 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que el salario medio que reciben los trabajadores de la industria automotriz en México es de 2.38 dólares por hora, mientras sus homólogos estadunidenses ganan cerca de 24 dólares por el mismo tiempo; la fabricación aquí en lugar de Estados Unidos genera (a las empresas) ahorros laborales de entre 600 y 700 dólares por vehículo, lo que representa alrededor de la mitad de los costos que se ahorran al producir en México vehículos que se venden en Estados Unidos.
Y ese año (la información es del Inegi) la exportación de vehículos ligeros mexicanos sumó 3 millones 450 mil unidades, de tal suerte que sólo ese ahorro salarial a las trasnacionales les generó una ganancia adicional de entre 2 mil 70 y 2 mil 451 millones de dólares. El valor de las exportaciones de vehículos mexicanos ronda los 50 mil millones de dólares anuales, y 75 por ciento terminan en Estados Unidos.
A juicio, periodismo amafiado
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que esta semana debe realizarse la segunda emisión del “Quién es quién en las mentiras” periodísticas. El tema sigue generando polémica y es de suponerse que este miércoles próximo se haya afinado el ejercicio que en su primera entrega resultó sumamente descuidado.
Resulta importante precisar los términos del litigio mencionado. En contra de tal sección de la matutina conferencia presidencial de prensa se ha dicho que es un despropósito pretender el enjuiciamento de lo periodístico desde la cúspide del poder público nacional.
Esa visión formalista es equivocada, a juicio de esta columna, como la que expresan quienes defienden la “democracia” mexicana tal cual si fuera una realidad procesalmente inmaculada y no el conjunto de trampas, violencia e intereses que pelean por obtener cargos al costo que sea.
El punto clave reside en entender que lo que está en pugna no es el “poder” político contra la “libertad” periodística, sino la reacción ante la pelea de un periodismo amafiado con los poderes del pasado y que ahora es utilizado como instrumento de golpeteo y difamación contra un proceso político de centroizquierda que ha cometido y seguirá cometiendo errores pero que es impugnado por periodistas y medios convencionales, no por sus resultados en sí sino por una revancha que busca frenar los cambios que se hubieran logrado en ese proceso llamado Cuarta Transformación.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha abierto la puerta para aprobar a poderosos y depredadores consorcios inmobiliarios de San Luis Potosí el apropiarse de mil 800 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, para desarrollo urbano.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Rechazo. El gobernador José Ignacio Peralta reclama que el primer mandatario no le otorga audiencia. Quiere tratar en corto los temas relacionados al estado en el que tiene a Colima, con niveles de violencia desbordados. Se queja de que no lo reciben en Palacio Nacional. Por algo será. El mandatario tiene en contra suya, además, el rechazo de los colimenses. En días recientes marcharon por las principales calles de la capital del estado para exigir la renuncia del gobernador, tras la serie de hechos de inseguridad registrados en la entidad, como el asesinato de siete policías y el hallazgo de una fosa clandestina donde fue encontrado el cuerpo de la diputada Anel Bueno, de Morena. Primero que le rinda cuentas a quienes gobierna y luego lo demás.
2. Otro paquete. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal será intermediario para solucionar los conflictos laborales entre las empresas mineras en Cananea, Sonora, y los sindicatos que representan a los trabajadores de la región. Se comprometió a que en tres meses se tendrá un informe de avance de los conflictos legales que datan de varios años, aseguró que “lo primero es solucionar los conflictos laborales y eso ofrecemos, ayudar en las diferencias que tienen las partes y llegar a un acuerdo entre todos. Es como utopía porque se han confrontado por mucho tiempo, pero vamos a intentarlo”, dijo. Otra chamba para Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Ya tiene un collar de asuntos pendientes
3. Examen de conciencia. Además de enfrentar la realidad de la “mercantilización” de algunas de sus bases y regresar a las campañas de tierra, no de “aire”, el PRI necesita decir no a los candidatos impresentables si quiere volver a ganar elecciones, aseguró la exdirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, quien junto con Jesús Murillo son los únicos que lograron recuperar el poderío perdido del PRI hace 10 años. “No puede haber candidatos vulnerables. Ni modo. Los compañeros que tienen cola que les pisen, que nos ayuden en otras tareas. No van a poder ser candidatos porque van a estar reventados. Se va a trabajar sobre eso, todo el tiempo sobre eso”, afirmó. La buena: suena bien, la mala: no es la primera vez que lo oímos.
